El negocio del agua, documental

La burbuja del agua

Documental de Televisión Española sobre el negocio infame de la mafia del agua que tienen Aqualia, Facsa y demás  

La basura de Aqualia y el PSOE de Mazarrón

Promesa electoral ¡¡Incumplida!! - 2.547.797 € - ¡¡Pá la saca!!

Youtube: Canal Oficial Psoe Mazarrón: Subido el 26/4/2011.

El Portavoz y Candidato a la Alcadía de Mazarrón
Francisco García explica las medidas a tomar por el Psoe para poder
suprimir la tasa de basuras y reducir así la presión fiscal a los
mazarroneros y mazarroneras. 26/4/2011.

“Devolución de tasas de Basura cobradas ¡¡ILEGALMENTE!! por el ayuntamiento de Mazarrón”…

texto y enlace a vídeo  encontrado en: http://surestepress.wordpress.com

Como siempre, con peperos, socialdemócratas, izquierdaunistas o independientes, la pasta del pueblo se la reparten con los de Aqualia, y nosotro/as a dos velas.

Habla de una deuda de casi 5 millones de euros de Aqualia con el ayuntamiento, (minuto 8 del vídeo) ¿dónde está el dinero? ¿Por qué siguen cobrándonos la tasa de basuras?¿Le siguen dando a Aqualia los 150.000 euros por tramitar el cobro? ¿Por qué trabajan en Aqualia tantos familiares del concejal de servicios urbanos, Juan Miguel Muñoz Blaya? ¿Hay algo a cambio?  ¿Qué ha pasado en Camposol? ¿Van a tomar alguna medida contra los vertidos de aguas residuales de la depuradora a la Rambla? ¿Van a actuar contra los incumplimientos de Aqualia o van a negociar en secreto para renovar contrato y condenar nuevamente a Mazarrón a décadas de pobreza y mal sevicio de aguas? ¿Por qué no hay mantenimiento de la red? ¿Por qué hay inundaciones cada vez que llueve? ¿Seguimos...?

Vinarós (Castellón): Critican que se repercuta en los recibos la obra para llevar agua al área de la ermita

En el pueblo castellonense de Vinaròs, la empresa concesionaria del servicio de aguas, Facsa, tiene previsto construir una conducción de agua potable desde el pozo de la ermita hasta unas urbanizaciones cercanas. Estas obras, como es habitual en las poblaciones con agua privatizada, no pasarán por el preceptivo trámite de licitación, para que se adjudiquen al mejor postor, sino que están entregadas de antemano a Facsa, que tiene monopolio en todos los trabajos relacionados con el agua del municipio, así que puede cobrar lo que quiera por el trabajo sin rendir explicaciones ni competir con nadie. Ésta es la forma peculiar de hacer negocios de estos privatizadores, que son capitalistas sólo cuando quieren.

La empresa pide algo más 400.000 euros por la obra, y otra buena cantidad por la dirección de ésta, que con el IVA y otros gastos suma un total de  779.553 euros, a los que hay que sumar 20.000 euros ¡por la financiación!. Y el ayuntamiento pepero ha decidido cargar con esos gastos (incluida la financiación) a los vecinos, subiendo un euro y medio cada recibo hasta pagar la cifra a la mafiosa mercantil.

Ante semejante atropello, al portavoz socialista, Jordi Romeu, propone que la mitad del recibo la paguen los vecinos de las urbanizaciones, y la otra mitad, el resto de vinarocenses. Pues con amigos así, el pueblo de Vinaròs no necesita enemigos... ¿a nadie se le ocurre pedir a Facsa la concesionaria que sea ella quien corra con los gastos? ¿No son la empresa del agua para lo bueno y para lo malo? ¿O sólo para llevarse la pasta? Beneficios privados y gastos públicos. Si todos tenemos derecho al agua, habrá que obligar a estos parásitos a que nos la pongan en nuestras casas en óptimas condiciones, y si no tienen la conducción hecha ¡pues que la hagan! Y si no tienen liquidez que pidan un préstamo, como toda hija de vecina, pero sin cargar al pueblo con los intereses, menuda cara...

El negocio del agua, a debate en Cartagena

Éste sábado 30 de noviembre a las 19:00h en el local de la CNT de Cartagena (C/Beatas nº7 bajo), mesa redonda a cargo de Fernando Urruticoechea, ex interventor municipal de Castro Urdiales que se cepilló a 158 políticos, funcionarios y empresarios corruptos. Nos acompañará también nuestro compañero Josemi, operario de planta depuradora y sindicalista de la CNT de Mazarrón que sufrió el acoso y la represión de la empresa Aqualia propiedad de FCC.
También contaremos con invitad@s de la Red de Aguas Públicas de la Región de Murcia y de la Plataforma Ciudadana de Unionenses por lo Público.

¿Quién es Fernando Urruticoechea?


Fernando Urruticoechea, ex interventor en el Ayuntamiento de Castro Urdiales entre los años 2001 y 2006. Mantuvo cruzada contra la corrupción en Castro. Urruticoechea fue el principal precursor de las denuncias contra la corrupción en dicho ayuntamiento donde existía una trama de corrupción con todos los partidos políticos cántabros implicados.

Sólo en los primeros dos años tras su llegada al Consistorio castreño, Urruticoechea elaboró 400 informes internos en los que denunciaba diversas irregularidades en la gestión dentro del Ayuntamiento, pero no fue hasta 2004 cuando comenzó a presentar denuncias ante la Fiscalía.

Una de las imágenes más conocidas del ex interventor se produjo en 2009. Urruticoechea ofreció una rueda de prensa en una de las aulas del Instituto Ataúlfo Argenta para denunciar el “saqueo” que se estaba realizando en Castro Urdiales. En ella, Urruticoechea mostró una camisa a rallas de presidario y se preguntaba con sarcasmo quién sería el primer político castreño en lucirla.

En esta misma rueda de prensa, Fernando Urruticoechea llegó a pedir la disolución del Ayuntamiento de Castro Urdiales como única solución a la trama de corrupción política.

Actualmente hay en Castro Urdiales 15 condenados y 158 imputados por diversas causas de corrupción.

En la actualidad, Urruticoechea ejerce sus funciones como interventor en el Ayuntameinto de Crevillent (Valencia).

Sindicato de Oficios VariosC.N.T.

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A.I.T.  CARTAGENA

La valla viajera de Aqualia, en Candelaria

Buzón de quejas

DIARIO DE AVISOS | Candelaria

Hace unos días estuvo dos semanas en la acera de Vence 46, ahora ha viajado hasta Vence 3. Roturas y más roturas de tuberías jurásicas que parece que no tienen fin. Esa calle está tan parcheada que parece haber soportado un bombardeo. Además, a la dichosa vallita la han dejado en plena vía.

Y desde el Ayuntamiento, pese a las quejas del servicio de Aqualia, hacen oídos sordos. Este jueves, el servicio del agua será debatido en pleno. Más de uno ya piensa en la conveniencia de que el Ayuntamiento asuma el servicio.

Algunos datos sobre el agua

Cada año retiramos 3.800 km cúbicos de agua fresca, de la cual el 70% se usa en la agricultura, el 20% en la industria y el 10% para fines domésticos.
1,6 mil millones de personas viven en países con escasez absoluta de agua.
Cada año se descargan 2 millones de toneladas de aguas residuales y desechos industriales y agrícolas en las vías fluviales del mundo
Para 2030, el 47% de la población del mundo vivirá en áreas de alto estrés hídrico

Leído en el blog del agua pacoredondo.wordpress.com

Vertidos de aguas residuales a la rambla en Mazarrón, por parte de Facsa

El alcalde de Callosa de Segura (Vega Baja, Alicante) ordena bloquear el cobro del agua y acusa a la empresa de inflar los costes

El alcalde de Callosa de Segura ha decidido paralizar el cobro de los recibos del agua al detectar que Aqualia ha manipulado los supuestos costes de gestión que carga en las facturas. Así, la subida del agua del Taibilla que ronda los 50.000 euros anuales, Aqualia los ha intentado repercutir como 100.000 trimestrales, una diferencia de seis veces su valor que han intentado clavar a los vecinos de forma ilícita. 

Aún así, el regidor espera llegar pronto a un acuerdo con Aqualia lo antes posible para volver a la normalidad. Es como si sorprendo a un carterista con sus hábiles dedos en mi bolsillo y le invito a que los saque de ahí para que pueda volver a caminar a mi lado lo antes posible, (claro, el carterista pensará que soy un lila y todo lo que me quite me lo merezco, que es lo que deben pensar en Aqualia de los ayuntamientos). Por otra parte, los socialdemócratas, aprovechando que están en la oposición, proponen una vuelta al agua pública. Podrían predicar con el ejemplo en los sitios donde gobiernan ellos y Aqualia hace de las suyas, por ejemplo en Mazarrón, sin ir más lejos... pero claro, ya sabemos lo que les pasa a estos de la política, una cosa es hablar y otra hacer.

Según denuncia la edil socialista,  el recibo del agua en Callosa es uno de los más caros por no decir el más caro de la Vega Baja ya que se paga en el primer tramo con alcantarillado a 1,14 euros mientras en Torrevieja por ejemplo se paga a 0,61 euros. Comentó otra comparativa que también daba como más caro el mantenimiento de los contadores de Callosa frente a los demás, Los callosinos parece que tenemos contadores de oro.

Redondela, Pontevedra: PP, PSOE y BNG privatizan la nueva piscina municipal

• Por ahí se abre otra fuente de financiación para la multinacional con las cada vez más vacías arcas públicas.

Noticia de El Faro de Vigo: 

El cerdito lo engordamos entre todos y se lo lleva Aqualia

 El pleno del Concello de Redondela sacó adelante ayer por amplia mayoría -con el respaldo de PP, PSOE y BNG- y el único voto en contra del representante de AER, la adjudicación a Aqualia del contrato para la gestión por los próximos 4 años de la piscina municipal de Chapela. Una instalación que solo requería de este último trámite para que pueda arrancar, según las últimas previsiones municipales, antes del próximo verano, fecha que ha sufrido distintas demoras -se llegó a fijar incluso para este abril-.

El único voto en contra del edil Jorge Varela Couñago se sustentó en la convicción de su grupo que es contrario a que una empresa privada gestione recursos públicos, opinión que también fue suscrita por la nacionalista Cecilia Pérez Orge, pese a su voto final favorable.

Aqualia -concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento en el municipio- es la que obtuvo más puntuación en el concurso, que quedó desierto en dos ocasiones anteriores. Aqualia había rebajado en 50.000 euros la propuesta inicial del Concello que pasaba por abonar un máximo de 120.000 a la concesionaria para subvencionar el consumo de biomasa, electricidad y agua. La firma reduce este coste a los 70.000 euros anuales -40.000 en electricidad y 30.000 en biomasa-, haciéndose con la gestión por los próximos 4 años prorrogables.

Villarreal creará una empresa mixta público-privada de aguas.

• El ayuntamiento recupera sólo una parte del servicio. hasta ahora en manos de Facsa.

• El PP se opone frontalmente y reivindica el 100% del negocio para la empresa privada.
• Facsa sigue imputada entre las principales empresas implicadas en la trama Gürtel, por la financiación de la campaña del PP

El concejal de Servicios Públicos de la localidad castellonense, Francisco Valverde, ha hecho pública la remunicipalización parcial del servicio de aguas, un bien que considera básico para la ciudadanía. En sus declaraciones a la prensa, promete una gestión más eficaz, un mayor ahorro y una fuerte inversión en la mejora de todo el ciclo del agua en el municipio. 

Es un primer paso, pero muy pequeño. Si es cierto que la gestión privada del agua es una lacra para los ayuntamientos, como denunciamos desde aquí a diario, la privatización parcial o modelo mixto no deja de serlo, tal vez en menor medida. En la Región de Murcia está muy extendido este modelo: Murcia, Cartagena, Lorca... en manos mitad municipales y mitad privadas, al menos sobre el papel, porque la realidad es que todas las decisiones técnicas, económicas, laborales, las toma la empresa, y el ayuntamiento se da por enterado y da el visto bueno por rutina. 

El agua potable es un tema básico como pueden ser la sanidad y la educación y por eso creemos que es importante que esté controlado también desde el ámbito público, queremos municipalizar en parte el servicio del agua potable para que retorne al control público y lograr de esta manera una gestión más eficaz para los 26.700 abonados que tenemos en Vila-real y también un ahorro importante para las arcas municipales, continúa el anuncio del concejal. Y añade: la creación de esta entidad va en la línea que mantiene este equipo de gobierno de mejorar la eficacia de los servicios públicos para generar de esta manera un ahorro en la gestión, desde la más absoluta transparencia. Esta sociedad no va a suponer ningún incremento de los costes del servicio de agua potable para los vecinos y vecinas de Vila-real. ¡Por supuesto! Si reducimos la participación privada, ¿por qué iban a subir los precios? lo más normal será lo contrario, agua más barata y parte del beneficio para el ayuntamiento. Pero entonces, si como reconocen desde el equipo de gobierno supone más transparencia, menos costes, un servicio de calidad, ¿por qué no lo recuperan del todo?  aplicando el discurso del concejal, la calidad sería aún mayor, así como el ahorro (del ayuntamiento y de los vecinos), la eficacia, y las garantías de implantación de este derecho entre los habitantes de la ciudad ¿no crees, Francisco?.

Mientras tanto leemos en la Cope que el concejal Javier Nácher ha manifestado sus dudas en la mejora de las condiciones de FACSA otra empresa. FACSA aporta un 25% de canon de las arcas municipales y en estos momentos no hay ninguna otra empresa en España que aporte este porcentaje.  Bueno, si sigue así puede que cuando abandone la política lo fichen en Facsa, como hicieran en su día con José Juan Morenilla, el autor del saqueo a la depuradora valenciana de Pinedo.

Nos gustaría poder felicitar a Vila-Real por su municipalización del agua, pero este es un primer paso que aunque va en la buena dirección es claramente insuficiente. Aún están a tiempo, vecinas y vecinos, exigid lo vuestro, que no hipotequen el agua por otros tantos años. La empresa mixta se ha demostrado como un fracaso y Facsa ya ha mangoneado bastante en vuestro pueblo. No os conforméis con nada que no sea recuperar el cien por cien de vuestro ciclo integral del agua.

Imagen y fuente: http://castellondiario.com

La corrupción contamina el mercado de concesiones españolas

Fuente: Global Water Intelligence

La crisis económica de España ha creado un clima propicio para tomar atajos. El mercado del agua y sus concesiones no se libra del contagio.

  El mercado municipal de las concesiones del agua no ha sido inmune a la ola de escándalos que barren España en los últimos meses y que involucran presuntos pagos de fondos para sobornos a políticos  -incluyendo varios ministros del gobierno- a cambio de un trato preferencial en la adjudicación de contratos públicos.

El pasado mes de febrero, José Luis Míguez como director de Aquagest-Agbar concesionaria del agua en Santiago de Compostela, en el noroeste de España de Galicia, fue encarcelado en prisión preventiva por la magistrada Pilar de Lara, que investiga supuestos pagos y regalos a los funcionarios municipales para asegurar la renovación del contrato de Aquagest. Entre los acusados figura también el ex- alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa.

Una fuente de Agbar confirmó a GWI que Míguez ha sido despedido, y desde Agbar se insiste en que estaba actuando por su nombre y cuenta en lugar de llevar a cabo la política de la empresa. Sin embargo, en el marco de las mism as investigaciones, la juez De Lara abrió diligencias sobre la presunta participación de Joaquín Fernández, un alto cargo político del Partido Popular (PP) en la vecina región de Asturias, en la adjudicación de contratos a Aquagest en los municipios de Cangas de Narcea y Llanes.

En el otro extremo de la península, el mayor competidor de Agbar en el mercado de las concesiones municipales, Aqualia, es el foco de la controversia relativa a una serie de contratos que ha ganado recientemente en la provincia de Huelva, Andalucía.

El diario El País dice que tiene pruebas documentales de cómo el concejal del PP José Carlos Hernández fue contratado tanto por Aqualia como por los municipios que posteriormente adjudicaron contratos de servicios a la filial de FCC. De acuerdo con un informe jurídico redactado por la Universidad de Huelva, por el profesor de derecho Javier Barnes, en dos de estos municipios - Valverde del Camino y San Juan del Puerto - Aqualia se adjudicó concesiones sin la formalidad de una licitación abierta. El secretario del Partido Socialista en Huelva, Jesús Ferrara, ha pedido al PP que explique si Hernández estaba actuando para enriquecerse o para ganar dinero para el partido, y para aclarar su relación con la empresa [Aqualia], que fue galardonada con el contratos.

Mientras tanto, en Catalunya, la Plataforma Cívica Aigua és Vida presentó un informe a la oficina de la Fiscalía Anticorrupción, en febrero, para instar a la apertura de una investigación formal sobre la decisión tomada el año pasado por la autoridad metropolitana de Barcelona (AMB) para otorgar por 35 años la concesión del ciclo integral del agua a Agbar, por una cuantía estimada de 330 millones de euros, y sin licitación competitiva. La plataforma sostiene que en la operación, y que el Gobierno regional está tratando de bloquear, hay implicaciones de mala conducta de funcionarios públicos, y se basan en una fraudulenta reclamación por Agbar sobre la titularidad de la concesión.

Más abajo, en la costa mediterránea de Valencia, una decisión judicial del mes de enero suspendió el concurso ganado por AVSA para la gestión del servicio de agua en ciudad de Gandía, y que habría requerido que el ganador debía pagar al operador existente, Aguas de Valencia (AVSA) la suma de 86 millones de euros. El tribunal estuvo de acuerdo con el demandante, Agbar, que la oferta había sido expresamente elaborado para asegurar la adjudicación del contrato a AVSA, principal competidor regional de Agbar.

Mientras tanto, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y otros representantes municipales del gobernante Partido Popular, fueron este mes acusados en los juzgados por aceptar regalos y pagos durante varios años por su gestión en nombre de EMARSA, la empresa municipal de aguas residuales que ya no existe.

La crisis económica de España ha creado claramente un clima propicio para el abaratamiento de costos, con los poderes públicos cada vez más dispuestos a utilizar sus activos de servicios de agua para recaudar efectivo. Desde el colapso de la burbuja inmobiliaria los municipios ya no pueden vender terrenos, por lo que en su lugar andan ahora vendiendo servicios, y en un proceso de creación de una burbuja del agua, según Luis Babiano, director de la Asoción de Empresas Operadoras Públicas de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

Al mismo tiempo, la crisis está reduciendo los márgenes de las empresas del sector privado, que tienen que luchar más para captar nuevos negocios y mantener los contratos existentes. La competencia es por lo tanto intensa, pero también muy limitada por los dos operadores dominantes, Agbar y Aqualia, que controlan alrededor del 80% del mercado privado del agua en España.

En la actualidad existe un consenso cada vez mayor en el sector que señala cómo el modelo español para la adjudicación de las concesiones de agua municipal alienta implícitamente a una mala práctica y debe ser reformado. El canon [un pago único realizado por el concesionario] incita a la mala conducta. La ley explícitamente debería impedir que las autoridades públicas usen el dinero recibido por las concesiones para cualquier otro fin que no sea mejorar la infraestructura de agua, dijo Babiano a GWI.

Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS), está de acuerdo. El canon debe ser abolido porque no tiene nada que ver con el agua, y distorsionar el mercado, dijo a GWI. Gistau también cree que España necesita un regulador independiente de agua. Un sistema más regulado y transparente contribuiría a evitar casos como el que estamos viendo ahora, dijo, en referencia a las denuncias de prácticas corruptas. Una cosa está clara, cada nueva acusación de corrupción refuerza la impresión de que la gestión del servicio de agua es una industria con necesidad de una limpieza.

Sobre aqualia y su nueva apropiación del agua de Arcos de la Frontera

Continúan las reacciones de indignación por la privatización del agua de arcos y su entrega a la banda de la Koplowitz

SE HA ABIERTO LA VEDA (ARCOS-JEREZ-EL PUERTO)

Foto: commons.wikimedia.org

A una velocidad del rayo, con un proceso que se inició poco antes del verano, el Ayuntamiento de Arcos, con graves problemas de liquidez, sacó provecho el pasado miércoles al vencimiento de una concesión, la del servicio del agua. Por el cambio de concesión, pendiente de la aprobación del pleno por la mayoría del PP, va a recibir en los próximos días 2.500.000 euros, el primer ingreso de los siete millones y medio de euros en plazos por el canon inicial, que se eleva a 12 millones a los largo de 25 años, el tiempo que dura la adjudicación a la operadora Aqualia, una de las dos grandes empresas privadas nacionales del agua, que depende del gigante de la construcción FCC. Con ello, Aqualia, que ya tenía la concesión de la depuradora, arrebata el servicio a Gestagua, cuarta operadora del país y que depende de otra multinacional, la francesa Saur. 
Sin embargo, la que es la primera batalla del agua en la provincia de Cádiz de las próximas que se avecinan dada la situación de asfixia económica de los municipios no ha terminado aquí. Gestagua planteó un recurso por supuestas irregularidades en los pliegos de condiciones iniciales, unos pliegos que ya asumen que los arcenses experimentarán por este cambio de concesión un incremento en el precio del recibo del agua de nada menos que el 35% de media, y un 70% en los tramos más altos. La oferta de Gestagua para mantener la plaza no incluía un incremento tan alto en el precio del agua, pero, pese a ello, la consultora independiente Ingeagua valoró el proyecto técnico de Aqualia muy por encima del de los otros competidores, la propia Gestagua y Valoriza, la empresa de agua con la que la constructora Sacyr intenta introducirse en este lucrativo mercado. 
Aqualia, según fuentes del sector, suele agradar mucho en sus proyectos a Ingeagua, ya que con informes de esta consultora ha ganado siempre los concursos a los que se ha presentado. Ha sucedido en Sanlúcar, Moguer, Lepe o Priego de Córdoba. El principal problema en la gestión de Aqualia se ha producido en Moguer, donde el alcalde socialista, Gustavo Cuéllar, llegó a calificar de "brutal" la subida que pretendía Aqualia de un 36%, que es prácticamente la misma que ahora se va a aplicar, desde enero, en Arcos. En aquella ocasión, la filial del agua de FCC justificó su pretensión en un desfase entre la previsiones que había hecho con el anterior gobierno popular y el cobro real. 
La provincia de Huelva, de hecho, ha sido un campo de pruebas para batallas del agua de mayor enjundia. La privatización de los servicios de agua van a ser una constante a partir de ahora en toda Andalucía. Lo explica un técnico de una de las grandes operadoras: Hasta ahora, durante la burbuja, los municipios se financiaban con suelo. Si el municipio tenía espacio para crecer, mucho suelo, el dinero entraba fácil y continuamente. Ahora, las empresas municipales de agua, que en su gran mayoría eran enormemente rentables y que también servían para financiar a los ayuntamientos con sus beneficios, son las joyas de la corona. Lo que pasa es que el agua sólo se puede vender una vez cada 25 años. Es dinero contante y sonante que se inyecta directamente en ayuntamientos que, en muchos casos, no tienen ni para pagar las nóminas. El agua es oxígeno económico.
Ese es el oxígeno que ha buscado Arcos y el motivo de que, pese a la existencia de un recurso que ni se ha estimado ni se ha desestimado, el proceso haya finalizado para caer en manos de quienes todos los que conocían el concurso sabían que era el favorito. Sebastián Ruiz, concejal de infraestructuras de Arcos y senador del PP, restaba importancia al recurso presentado por Gestagua el pasado viernes. E incluso no lo entendía muy bien: A Gestagua no le han gustado los pliegos, pero el concurso no ha terminado. En realidad, las tres operadoras que concursaban sabían ya cuál iba a ser el resultado del concurso.

Julio Delgado, concejal del PSOE en Arcos, que ha estado en todo momento en la mesa del concurso, tiene claro lo que votará en el pleno en el que cambie la concesionaria: No. El proceso ha sido muy oscuro y yo no soy quién para decir si Gestagua tiene razón o no en su recurso, pero sí parece claro que el informe inicial de los pliegos que se aprobó no era el mismo que habían redactado el secretario y el interventor. En cualquier caso, el principal problema en todo esto es que los ciudadanos van a sufrir un incremento en el recibo del agua que a nosotros nos parece desproporcionado. 
Por su parte, Gestagua, que ya litigó en 2002 cuando el gobierno popular le arrebató la concesión para entregársela a Aqualia argumentando mal servicio y reconquistó la concesión en el TSJA en 2006, no está dispuesta a dejar las cosas así. Su recurso sigue adelante. De momento, son los técnicos municipales, no políticos, los que tienen que estimar o desestimar, pero el cambio de concesión puede tener un recorrido en los tribunales. Es mucho dinero lo que está en juego. Los tribunales no fallarían antes de dos o tres años y al Ayuntamiento de Arcos, como sucedió en 2006, le podría costar una indemnización. 
Pero el caso de Arcos es sólo un ejemplo de lo que queda por pasar dentro del negocio del agua. Las operadoras, que no son muchas -las dos principales son Aqualia y Aquagest, pero hay muchas pequeñas y medianas, como Gestagua, que buscan tajada en la privatización del agua-, están dispuestas a librar grandes batallas por quedarse con una porción de un mercado muy apetecible. Consiste en quedarse con las concesiones, encarecer el servicio y recuperar las cantidades que hayan tenido que aportar como canon a 25 años. Por eso, las constructoras, como Sacyr, se reconvierten en operadoras de agua. 
En la provincia los dos municipios que el sector tiene marcados con una diana son El Puerto (Apemsa) y Jerez (Ajemsa), una vez que Algeciras haya llegado a un acuerdo de buen entendimiento entre un grupo de empresas para repartirse los distintos apartados de la gestión del agua. En El Puerto y Jerez ambas son empresas municipales, con lo que de lo que se está hablando es directamente de la privatización de un servicio público. 
Estos movimientos han propiciado la creación de plataformas ciudadanas en contra del proceso. Simón Candón, colaborador de la Coordinadora, ha enviado a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo una carta en la que explica la postura de los detractores de la privatización: Con un bien escaso y de primera necesidad, no se juega (...) Usted tiene una gran responsabilidad ante los ciudadanos de Jerez. Ya dijo su teniente de alcalde, Antonio Saldaña, que si fracasaba el plan A (venta de Aguas de Jerez), no tendría más remedio que sacar el Plan B. Pues empiece primero con el Plan B y deje en paz al Plan A, que es el pan duradero de todos los ciudadanos de Jerez. 

actualmundofuturo.blogspot.com

A lo que se refiere Candón es a los dos intentos de subasta de Ajemsa, que han quedado desiertos. Las operadoras consideran que Ajemsa es una empresa sobredimensionada en el personal, con sueldos muy altos y un porcentaje muy bajo de personal cualificado. Esa fue la excusa. La realidad es que se intentaba bajar el precio del canon. Los propios operadores reconocen que el proceso de Jerez está siendo muy limpio. Limpio significa que la privatización de Ajemsa, que pilota Antonio Saldaña, un valor emergente del PP, se hará, básicamente, al mejor postor. El favorito es Acciona, de la familia Entrecanales, que se ha convertido en el tercer operador español tras ganar el concurso de Aguas de Llobregat. Acciona está apostando fuerte por el agua y eso supone disponer de mucho dinero para pagar cada canon en el que se presenta. En el caso de Jerez, pese a la situación calamitosa de las arcas municipales, el Ayuntamiento se está manteniendo firme. Por menos de 80 millones de canon para 25 años, Ajemsa no se privatizará. 
El caso de El Puerto es distinto. Aqualia, al igual que en Arcos, lleva meses posicionándose para quedarse con Apemsa. Hay curiosidad en el sector por saber en cuánto se va a poner el canon, que se moverá, según explican los expertos entre 10 y 15 millones. Dependiendo de ese canon, se sabrá hasta qué punto sube el precio del agua. Porque lo que es seguro es que el agua ya es un impuesto indirecto para pagar las asfixias municipales.

¡Espabila!

Un sindiós, por Juan José Millás

...A nadie extrañe que para garantizar la libertad, tengamos que suprimir las libertades.

Desde que los ministros de Rajoy, en especial Montoro y Ana Mato, decidieron explicar didácticamente los porqués de la demolición del Estado, entendemos las cosas mucho mejor. He aquí un resumen, claro como el agua, de sus argumentos: Se pone precio a la sanidad para que continúe siendo gratuita y se expulsa de ella a determinados colectivos para que siga siendo universal. Se liquidan las leyes laborales para salvaguardar los derechos de los trabajadores y se penaliza al jubilado y al enfermo para proteger a los colectivos más vulnerables. En cuanto a la educación, ponemos las tasas universitarias por las nubes para defender la igualdad de oportunidades y estimulamos su privatización para que continúe siendo pública. No es todo, ya que al objeto de mantener el orden público amnistiamos a los delincuentes grandes, ofrecemos salidas fiscales a los defraudadores ambiciosos y metemos cuatro años en la cárcel al que rompa una farola. Todo este programa reformador de gran calado no puede ponerse en marcha sin mentir, de modo que mentimos, sí, pero al modo de los novelistas: para que la verdad resplandezca.

Dentro de esta lógica implacable, huimos de los periodistas para dar la cara y convocamos ruedas de prensa sin turno de preguntas para responder a todo. Nadie que tenga un poco de buena voluntad pondrá en duda por tanto que hemos autorizado la subida del gas y de la luz a fin de que resulten más baratos y que obedecemos sin rechistar a Merkel para no perder soberanía. A no tardar mucho, quizá dispongamos que los aviones salgan con más retraso para que lleguen puntuales. Convencidos de que el derecho a la información es sagrado en toda democracia que se precie, vamos tomar RTVE al asalto para mantener la pluralidad informativa. A nadie extrañe que para garantizar la libertad, tengamos que suprimir las libertades.

Texto e imágenes de:dueloliterae

La sorprendente sinceridad de la edil

En la última rueda de prensa del ay untamiento, un periodista preguntó sobre el conflicto con Aqualia-Facsa, y la concejala de Presidencia, Alicia Jiménez, respondió que los problemas de los trabajadores con Aqualia no son asunto del ayuntamiento, y se quedó tan agusto. Que pensaban eso ya lo sabíamos, pero sorprende la naturalidad con que lo suelta, es una noticia mala para los obreros, pero buena para los explotadores: Firmad los contratos que queráis con el excelentísimo, que lo que hagáis a vuestras trabajadoras le da lo mismo, todo eso de los derechos y demás es muy bonito pero para otro sitio, aquí sólo cuenta el beneficio. ¿Qué esperábamos? En la calle estábamos los currantes protestando, es decir lo que ellos entienden como chusma, y contra nosotros está la empresa de la Gürtel, y la de las Kopplowitz. Está claro de qué lado se inclina la balanza, las hienas y los buitres parecen muy distintos pero se comen juntos las mismas carroñas.