Una plataforma de Cádiz aúna la protesta, que se extiende por otras zonas
Raúl Limón
Sevilla
20 MAY 2012
Esta crisis deja huellas paradójicas: se nacionalizan bancos y se
privatiza el agua. La segunda circunstancia afecta ya a más del 46% de
la población española que, según los datos de la Fundación Nueva Cultura del Agua,
tiene el suministro en manos de empresas privadas o mixtas. Este
porcentaje ya se está empezando a alcanzar en Andalucía y principalmente
en Cádiz, donde se ha creado una plataforma provincial en defensa de la
gestión pública. Decenas de organizaciones están dispuestas a dar batalla.
Casi la mitad de la población gaditana ya tiene privatizado o en vías
de venta el servicio de agua, según la coordinadora que agrupa desde
partidos políticos (salvo PP y PA) hasta sindicatos y asociaciones
ecologistas y de consumidores, entre otras. En Jerez, donde ya hay hasta
una treintena de colectivos contrarios a la venta de la sociedad
municipal, han reunido más de 12.000 firmas para exigir un referéndum. En Madrid ya se ha celebrado uno con más de 167.000 participantes que votaron contra la privatización del Canal de Isabel II y en Italia, la defensa del agua como bien público se ha convertido en un fenómeno social de millones de seguidores.
El proyecto inicial de concesión completa del suministro de Jerez ha
sido sustituido por uno mixto de participación pública y privada, como
en Huelva, pero tampoco convence.
Los ayuntamientos buscan en la venta de todo o parte de las empresas
de agua conseguir dinero que no está disponible en el mercado
tradicional ni en las fuentes tradicionales de ingresos. En la mayoría
de los casos añaden como argumento que la gestión privada es más
eficiente que la pública.
Francisco León, miembro de la plataforma y de Aguas de Jerez,
lo niega. Solo buscan financiación rápida vendiendo una empresa que ha
demostrado ser eficiente y rentable. Si no, no tendría compradores. La
consecuencia es que suben las tarifas, que los beneficios revierten en
las empresas privadas y no en el municipio, no se genera desarrollo
tecnológico alguno ni se invierte en las redes ni se garantiza la
transparencia.
Banderolas para los balcones jerezanos |
El representante de la coordinadora resume sus propuestas: no a la
privatización, comenzar a rescatar las empresas vendidas y asegurar la
eficacia y la participación ciudadana en las entidades que siguen siendo
públicas.
Añade que una sociedad municipal incluye entre sus objetivos
determinadas prestaciones sociales que la empresa privada desecha. Así,
destaca como las empresas públicas garantizan el suministro en
poblaciones donde la rentabilidad es menor o en épocas de sequía o a las
familias que no disponen de recursos. León duda de que esta política
sea mantenida por una empresa privada.
La coordinadora destaca también las repercusiones de las
privatizaciones en los precios, que según sus cálculos han llegado a
subir un 117% en algunas localidades, como San Fernando.
El concejal del PSOE de Huelva José María Benabat
ha adelantado que el próximo pleno municipal abordará las cuentas de la
empresa mixta de aguas y que, según sus datos, en el último año arrojó
pérdidas por valor de 151.200 euros. Pedro Rodríguez \[el alcalde\] ha
malvendido una empresa que era patrimonio de todos los onubenses y que
ha pasado de ser la joya de la corona de este Ayuntamiento, el único
servicio que daba beneficios, a presentar pérdidas que ahora pagarán los
ciudadanos con una subida más de las tarifas, aseguró el edil.
En La Línea, el comité de IU ha lanzado un mensaje claro sobre los
perjuicios medioambientales de una mala gestión de la que responsabiliza
directamente a la empresa Aqualia pese al pastón que cobra. Que
nuestra ciudad en primavera en vez de a azahar huela a fecales, que en
invierno en vez de a asfalto mojado huela a fecales, y que en verano nos
bañemos en mierda… no es normal. Por más que nos quieran hacer pensar
lo contrario, afirma en un comunicado.
Antonio Figueroa, de Ecologistas en Acción,
cree que se trata de un tema social muy sensible y complejo. Figueroa
lamenta que pese a esta realidad, los responsables políticos no
respondan a las iniciativas ciudadanas. Desde enero hemos presentado
alegaciones, pedido reuniones, presentado miles de firmas pidiendo un
referéndum y preparado acciones judiciales. Lamentablemente, solo nos
dejan el recurso de la calle.
Los consumidores también tienen mucho que decir en esta cuestión. David Cifredo, de Facua,
advierte que, en principio, su organización defiende la gestión eficaz,
transparente y participativa, independientemente de la titularidad de
la entidad que presta el servicio. Pero añade que la experiencia
desmonta el discurso de los ayuntamientos sobre la mayor calidad en los
servicios y la gestión más eficiente de las empresas privadas. En
cualquier caso, comparte el rechazo a que la venta de empresas públicas encubra una financiación de los Ayuntamientos.
Los operadores públicos de agua, agrupados en Aeopas,
defienden la necesidad de que el agua sea considerada como un derecho,
destacan su enorme valor social y ecológico y rechazan que un bien de
estas características convierta en una mercancía. El gerente de
Aeopas, Luis Babiano, defiende que le entidades públicas son más
eficientes y esgrime un estudio del Departamento de Economía Aplicada de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Granada que avala esta afirmación. Añade que uno de los motivos que más
le preocupa es la laxitud en el control de la actividad del operador
privado por parte de la administración y lo que eso supone en términos
de democracia. Para Babiano si queremos conservar el privilegio de
tener acceso al agua en calidad y en cantidad para cubrir nuestras
necesidades, tenemos que afrontar, con valentía y transparencia, la
asignatura pendiente de las nuevas infraestructuras -principalmente de
depuración- y el precio del agua. Dadas las características del sector, este reto sólo se puede afrontar desde la confianza de que el servicio
se presta desde empresas públicas, eficientes y democráticas.
Rescate en Medina
Aguas de Medina
es fruto de un rescate y un ejemplo de gestión pública. A finales de
2003, el Ayuntamiento decidió crear una empresa para gestionar el
abastecimiento de agua potable y el saneamiento de la localidad tras un
largo período de privatización.
Los objetivos eran mejorar el servicio y que los beneficios de esta
entidad repercutieran en el pueblo. Hasta entonces, comenta el delegado
de Hacienda, Santiago Gutiérrez (IU), el coste era elevado, se facturaba
al municipio cualquier gasto extraordinario, no había control municipal
y se gestionaba sin criterios operativos.
Casi una década después, con poco más de 5.000 abonados, la empresa
municipal puede alardear de no tener ni una sola factura pendiente con
proveedores, ser rentable y poder disponer incluso de una obra social. Puede ser más complicado al principio, pero una buena gestión es mucho
más beneficiosa, resume el edil responsable de la empresa municipal.
Santiago Gutiérrez destaca las tarifas ajustadas, la ausencia de
conflictividad, la eficacia en el servicio y el mayor control sobre la
empresa, las averías y las inversiones. El balance del rescate, a su
juicio, es positivo en todos los aspectos.
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