La justicia europea condena a España por no depurar bien sus aguas residuales

España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Justicia a pagar una sanción de 12 millones de euros por no cumplir con la normativa de aguas residuales en 17 zonas de más de 15.000 habitantes.  También establece una multa de 11 millones cada seis meses que se prolongue el incumplimiento en las nueve aglomeraciones urbanas que todavía siguen sin sistemas adecuados de depuración, es decir, unos 60.000 euros diarios. La directiva europea que regula el tratamiento del aguas data de 1991 y entró en vigor en 1998.

La sentencia ha rebajado bastante las pretensiones sancionadoras de la Comisión Europea que pidió un fijo de 50 millones y otros 170.000 euros diarios mientras se mantenga la situación. El caso, o más bien los múltiples casos, por los que España ha recibido esta sentencia vienen de lejos y se refieren a la pobre depuración que se hace de las aguas residuales que llegan desde los núcleos urbanos a otras masas de agua como cursos de captación para el consumo humano,  lagos de agua dulce naturales, estuarios y aguas costeras.

La aglomeraciones que todavía incumplen la ley son Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas, Tarifa (Andalucía), Gijón Este (Asturias) y Valle de Güimar (Islas Canarias). Las otras denunciadas eran Coín, Estepona-San Pedro de  Alcántara, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo, en Galicia, en la Comunidad Valenciana: Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira y en Canarias: Noreste (Valle Guerra).

Las exigencias sobre tratamientos tenían que estar en funcionamiento en a finales del año 2000. Muchas áreas incumplieron la obligación lo que hizo que, a la postre, España recibiera una primera condena (sin sanción económica) en 2011 por 43 aglomeraciones.

Depuradora de aguas residuales de Tenerife.

Entonces, el tribunal dio de plazo para ajustarse hasta el 13 de julio de 2013. Los plazos y los incumplimientos han seguido prolongándose de manera que en abril de 2017, la Comisión Europea remitió el caso de 17 zonas a los jueces comunitarios que han establecido que no se cumplió la sentencia a tiempo en esas 17 áreas y que a pesar del esfuerzo de España para ponerse al día, nueve aún están fuera de la ley.  En total, 27 años desde que la Unión Europea estableciera las nuevas reglas para depurar el agua. Los jueces han añadido en su fallo que el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante.

Niticia e imagen tomadas de www.eldiario.es

El Ayuntamiento de Tarifa rehén de Aqualia en la gestión del ciclo urbano del agua

El Ayuntamiento aprueba con engaños renovar el contrato con AQUALIA por 10 años, antes de que haya caducado la actual concesión, sin transparencia ni explicación a los ciudadanos.

La renovación del contrato que pretende el Ayuntamiento era el 2º punto del Orden del día de un Pleno extraordinario convocado para el 22 de junio a las 20,30 h. de la tarde. Cuando los ciudadanos acudieron a la cita se encontraron las puertas cerradas. El Pleno se había celebrado a las 8,30 h. de la mañana (confusión, despiste… engaño). Ante las protestas ciudadanas el Pleno se repitió con carácter extraordinario y de urgencia el día 2 de julio a la misma hora, a las 8,30 de la mañana, para dificultar la participación ciudadana. El Pleno resultó un paripé, pues ya en el de la confusión, los grupos políticos se habían pronunciado y explicado su voto. En el Pleno repetido no se dignaron a dar explicación alguna ni a contestar al público que intervino antes de la votación. Para ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, el Ayuntamiento pretendió realizar la renovación del contrato con AQUALIA con ocultaciones y engaños.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, junto con la MAREA AZUL de Cádiz y la FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA, consideramos que, no sólo existe el Derecho Humano al Agua  reconocido por la ONU, sino que además tenemos derecho a una gestión pública, transparente y participativa de este Bien, y que nunca puede ser objeto de negocios especulativos. Por tanto, consideramos lamentable la decisión del Ayuntamiento de Tarifa. Si alguien gana dinero con un Bien Público, alguien lo pierde: en este caso los usuarios y ciudadanos.

El Ayuntamiento tenía un contrato con la empresa PROSEIN (desconocemos en qué momento esta empresa la absorbió AQUALIA) desde 1992, por 30 años, para la gestión del ciclo urbano del agua. Por tanto, el contrato no está caducado ni va a caducar hasta 2022; ¿a qué viene la urgencia del Pleno para aprobar su renovación?. No tiene sentido, ni hay explicación.

En tiempos recientes el Ayuntamiento ha puesto en marcha la nueva EBAR (estación de bombeo de aguas residuales) y colectores de Bolonia, EBAR y Colectores de Tarifa, EDAR (estación depuradora de aguas residuales) de Bolonia y EDAR de Tarifa. Esto ha supuesto más  recaudación y también más gastos al Ayuntamiento. Entre entradas y gastos AQUALIA ha fijado saldo a su favor sobre 1.300.000 euros.

No se conoce a qué se debe esta supuesta deuda municipal con AQUALIA, se ha ocultado y no se ha explicado nada; no se sabe si se trata de costes no contemplados en contrato por el aumento de los servicios, si se trata de una deuda acumulada por impago del Ayuntamiento, o si se trata de inversiones realizadas por AQUALIA. Pero se suponía que todas las inversiones en obras públicas destinadas al ciclo del agua urbana de Tarifa venían siendo sufragadas, pagadas por los ciudadanos mediante el canon municipal de mejoras implantado desde 2008.

Ante la sobrevenida deuda, el Ayuntamiento calcula que no lo puede repercutir al ciudadano y, entonces, AQUALIA le propone que le prorrogue el contrato por 10 años más y que le cobrará la deuda en 2020 y en 2024 (quizás ya ni esté este alcalde… y quizás dejar la deuda a corporaciones futuras sea el verdadero motivo de esta oscura maniobra). El Ayuntamiento se asesora por una empresa privada independiente sobre la conveniencia de la operación financiera; la conclusión es que la operación es conveniente para Tarifa y el Alcalde convoca Pleno para prorrogar el contrato de AQUALIA. El Pleno lo aprueba sólo con el voto favorable de PSOE, la abstención del PP, y los votos en contra de IU. El concejal del PA no pudo votar por ser empleado de AQUALIA. Sobre un total de 17 concejales, han decidido los 6 del PSOE. Por seis votos el pueblo de Tarifa ve hipotecado y privatizado el servicio de agua hasta 2032.

Y de todo este cambalache no se comunica nada a los ciudadanos, ni se tiene la valentía de dar información.

La conclusión es que AQUALIA ha presionado al Ayuntamiento, que, visto lo impopular que sería subir la factura del agua, accede a renovar el contrato con la empresa a cambio de posponer la deuda al 2020 y 2024, años en los que no se sabe quién será el alcalde de Tarifa.

ecologistasenaccion.org

La depuradora de Aledo probará un proyecto sostenible para el riego agrícola

El proyecto Remeb experimenta en la estación depuradora de aguas residuales de Aledo un sistema de tratamiento de aguas avanzado y respetuoso con el medio ambiente, con el objetivo de recuperar agua para riego agrícola.

Se trata de un proyecto internacional que cuenta con 11 socios de siete países y está financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. El objetivo es desarrollar y validar un sistema de tratamiento de aguas, que consiste en un biorreactor de membranas cerámicas low cost, para su implantación en depuradoras, tanto municipales como industriales. 

Este sistema presenta numerosas ventajas frente al de membranas poliméricas, debido a que se han fabricado con residuos de las industrias de cerámica y del mármol y de la producción de aceite de oliva, y serán capaces de filtrar agua residual para su reutilización en los ámbitos urbano e industrial. Este proyecto se encuentra actualmente en su fase de validación.  

Para informar sobre los resultados del proyecto Remeb se celebró recientemente en Aledo una jornada informativa titulada Tecnologías sostenibles para el tratamiento y la reutilización de aguas residuales, organizada por la entidad regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (Esamur), el consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, y las empresas Facsa e Itc-Uji.

La jornada contó con la intervención de los responsables técnicos del proyecto, así como miembros de la Universidad Jaime I de Castellón, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-Csic), y de Esamur, entre otros. Asimismo, en ella se expuso como caso práctico la utilización de agua regenerada proveniente de la depuradora de Jumilla por parte de la Comunidad de Regantes de Miraflores.

Fuente: murciaeconomia.com

Moguer, Huelva: La Justicia da la razón al ayuntamiento, rebaja la deuda con Aqualia casi un 90%

De casi 3 millones de euros a 300 mil

Uno de los intentos fallidos de Aqualia de subir el recibo del agua Un 33%

El caso de Moguer, del que ya hemos hablado con anterioridad en este blog, es un claro ejemplo de la pasta de que están hechos estos mafiosos del agua, que son capitalistas sólo cuando les interesa. El contrato que firmaron con el Ayuntamiento en 2009, entonces del PP, contenía una cláusula en la que el ayuntamiento se comprometía a pagar con dinero público una compensación a la empresa Aqualia si ésta recaudaba menos dinero de lo previsto. 

Pero ¡qué fácil es regalar el dinero de los demás! y ¡qué cara más dura la de Aqualia! Osea, que no contentos con lucrarse con un bien de todos como el servicio de aguas municipal, quieren asegurarse un beneficio mínimo por contrato. Y entonces, ¿dónde está el riesgo y ventura?. Posiblemente les metieron este gol porque el Ayuntamiento buscó un asesor para revisar el contrato, que además de ser concejal pepero trabajaba para Aqualia.

El caso es que durante estos nueve años han venido reclamando al ayuntamiento subidas en el recibo del agua en torno al 30%, a lo que (por suerte) se negaron. Ante la negativa, Aqualia denunció, reclamando no sólo la subida, sino también la cantidad que habían dejado de recibir por no hacerla antes. Los jueces han venido a confirmar lo que todos entendemos: que tienen mucha cara, que esa cláusula es excesiva y que sólo pueden exigir la subida que marca el IPC de cada año. Así que como decimos por aquí, en Moguer pueden llorar por un ojo, sigue su agua en manos de Aqualia pero se acaban de ahorrar 2,5 millones que pueden emplear en cosas mucho más necesarias para el pueblo que para los chorizos de Aqualia.

Relacionado con esto:

El alcalde de Moguer (Huelva) vuelve a enfrentarse a Aqualia por querer subir el agua un 36,7%

Un concejal del PP trabajó para Aqualia y alcaldes que privatizaron

Informan al Consejo de Administración de Apemsa de los incumplimientos de Aqualia

Por primera vez se ha permitido que miembros de Ecologistas en Acción acudan al Consejo de Administración de Apemsa para presentar el informe anual que realiza sobre el funcionamiento de la EDAR Las Galeras.

Juan Clavero y Carmen Calzado han expuesto ante el Consejo el informe remitido recientemente al alcalde sobre el funcionamiento de la EDAR y la falta de tramitación de las numerosas denuncias presentadas. Mediante una presentación digital han explicado la evolución de los datos analíticos de los vertidos de la EDAR realizados por la Consejería de Medio Ambiente (CMA), con la superación generalizada de todos los parámetros. Han proyectado cuadros de informes de la CMA en los que constan que Las Galeras todos los años es No Conforme, es decir, no cumple la normativa, y han relacionado los varios expedientes que tiene Apemsa por incumplimiento de las normas de depuración de aguas residuales. Y lo que es más importante, han explicado como Aqualia incumplen el contrato de la concesión para la gestión de la EDAR, sin que se le haya incoado nunca expediente alguno ni aplicado las penalizaciones previstas, que pueden ascender, desde que se hicieron cargo de la EDAR, a millones de euros. Por todo ello los representantes ecologistas han reiterado al alcalde la obligación que tiene de actuar ante las denuncias presentadas y de incoar los oportunos expedientes sancionadores. Caso contrario, Ecologistas en Acción ya había advertido que pondría esta inacción y los hechos denunciados en conocimiento de la Fiscalía.

Sorprendentemente, ni el director gerente de Apemsa Manuel Ferraz Sumillera, nombrado por Aqualia, ni el resto de consejeros de esta empresa privada han sido capaces de rebatir ni uno sólo de los datos y hechos denunciados en el informe de Ecologistas en Acción. Y más sorprendente ha sido que otro consejero de Aqualia adujera que los problemas del mal funcionamiento de la EDAR es debido a problemas estructurales de la planta, sin que ello haya sido óbice para llevar 25 años gestionándola, presionando lo indecible para conseguir prórrogas aunque fueran ilegales, y cobrando tres millones de euros al año por un servicio realizado deficientemente.

Los representantes de Aqualia en el Consejo de Administración de Apemsa han demostrado no tener respuesta ni argumentos ante las denuncias de Ecologistas en Acción, lo que refuerza aún más la imperiosa necesidad de que el Ayuntamiento actúe contra quienes incumple las normas de depuración y el contrato para la gestión de la EDAR.

El consejo de Administración acordó pedir a Aguas de Las Galeras-Aqualia que aporte una respuesta por escrito a la denuncia de Ecologistas en Acción, y los representantes del ayuntamiento aseguraron que actuarían en la parte que le corresponde.

Fuente: ecologistas en acción

Facsa y Aguas de Castelló, las empresas que más dineron pagaban a la Gürtel

A cambio, se le concedían contratos públicos millonarios

Las nueve empresas condenadas en la Audiencia Nacional por financiar ilegalmente al PPCV en 2007 y 2008 recibieron solas o en unión temporal de empresas [(UTE) a menudo asociadas entre ellas] un total de 937.983.774 millones en contratos de la Generalitat, entre 2005 y 2009.

Sedesa, presidida por Vicente Cotino Escriva(sobrino del expresidente de las Corts) se lleva la palma con 640.983.774 euros.

Las cuentas hechas por Levante-EMV, a partir de datos de los diarios oficiales, amplian la cifra en 203.098.826 euros, si la cuenta se retrotrae a 1999.

Enrique Ortiz e hijos, con 205.098.826 euros, Lubasa (77.337.451) y Facsa (13.876.087) completan la relación de contratistas vip de obra civil del Consell.

Enrique Gimeno, presidented de Facsa, tras declarar por su participación en la trama criminal. Foto: José Jordan para El País

La sentencia de la Audiencia Nacional que los condenó por delito electoral y falsedad documental, tras admitir los hechos a la Fiscalía Anticorrupción a cambio de una rebaja de la pena, los denomina grupo de empresarios que pagaban facturas mendaces por supuestos servicios de Orange Market a estos empresarios para ocultar que las campañas electorales eran pagadas, si no en todo, sí en gran parte, por el grupo de empresarios, violentando e infringiendo cuantitativa y cualitativamente la legislación electoral, señala el fallo.

La sentencia también ratifica cuánto abonó cada empresario al PP. Las más generosas fueron Facsa y Aguas de Castelló que pagaron 349.714 euros (sin IVA) para las campañas electorales de 2007 y 2008. El segundo en volumen de colaboración fue el constructor imputado en el Caso Brugal, Enrique Ortiz, quien desembolsó 300.100 euros camuflados en seis facturas a Orange Market.

La mercantil Pavimentos del Sureste SA pagó 172.000 euros (sin IVA) en cuatro facturas a Orange Market por servicios que realmente no habían sucedido, por lo que tres de sus responsables Jose Enrique Fresquet Martínez y los hermanos Tomás y Rafael Martínez Bernia (éste último expresidente de la patronal alicantina) han acabado condenados.

Sedesa, la empresa de la familia del ex presidente de las Corts, Juan Cotino, también contribuyó con otros 129.900 euros a los comicios de 2008, por lo que el sobrino del expolítico, Vicente Cotino (ya condenado a año y medio por delito fiscal), también ha sido condenado.

Finalizan la lista de pagadores Lubasa, que contribuyó con 95.000 euros a la campaña de 2007 o PIAF SL que aportó 26.993 euros en 2007 y 2008. Unos pagos que colocaban a estos empresarios en situación privilegiada, no sólo para mantenerse como contratistas de la administración regional, sino para colocarse en situación especialmente ventajosa, por no decir monopolítisca en contratos futuros.

Noticia original: levante-emv.com

En este choriceo repugnante, ellos se forran a nuestra costa. Facsa regala al PP 350.000 euros para su  campaña electoral, y a cambio reciben 14.000 millones de euros en contratos amañados, esos miles de millones salen de nuestro bolsillo. Luego no hay dinero para lo necesario...

El Puerto de Sta. María, Cádiz: Piden expedientar a Aqualia por incumplimiento de contrato en la gestión de la EDAR Las Galeras

Ecologistas en Acción ha remitido una extensa denuncia al alcalde David de la Encina, que también es el presidente de APEMSA, en la que se exponen los incumplimientos de Aguas de las Galeras-Aqualia en la gestión de la EDAR  Las Galeras, cuyos vertidos a la bahía siguen superando todos los parámetros de calidad exigidos en la normativa y en el contrato para su gestión. Las penalizaciones que se le podrían haber impuesto a Aqualia por este incumplimiento de contrato, sólo en los últimos cinco años, superaría el millón de euros.

Ecologistas en Acción ha venido realizando un exhaustivo seguimiento del funcionamiento de la EDAR Las Galeras, demostrándose en nuestros informes anuales los incumplimientos en la depuración de las aguas residuales. Tanto las analíticas que realiza la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT), como las  sentencias judiciales y las auditorías del Tribunal de Cuentas han demostrado que la EDAR Las Galeras nunca ha cumplido los límites legales de depuración ni las condiciones del contrato de la concesión. Incomprensiblemente nunca se le ha incoado expediente alguno, y nunca se le han aplicado las penalizaciones estipuladas en dicho contrato. Una gravísima negligencia, que ha contado con la complicidad  de la  inspección  municipal de vertidos, de alcaldes, presidentes de APEMSA y concejales del Área de Medio Ambiente.

En el informe que hemos remitido al alcalde se demuestra que de nuevo en 2017 la EDAR ha incumplido la normativa legal (Real Decreto 509/1996 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas), y el contrato suscrito con Apemsa para la gestión explotación, mantenimiento y conservación de la EDAR Las Galeras, actualmente finalizado, aunque Aguas de las Galeras-Aqualia la sigue gestionando en contra del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.

Tampoco cumple con los porcentajes de reducción, el parámetro que normalmente utiliza de forma unilateral Apemsa obviando los valores absolutos de la contaminación de los efluentes.

También se superan los límites en nitrógeno y en fósforo, elementos que provocan la eutrofización de las aguas.  En el caso del nitrógeno, los niveles de concentración de las aguas que se vierten a la bahía cuadruplican la concentración máxima permitida.

Esos incumplimientos legales han provocado la incoación de varios expedientes sancionadores por parte de la CMAOT, expedientes que son sistemáticamente negados por el director-gerente de Apemsa, a pesar de que los recurre a cargo de Apemsa, y no de la empresa concesionaria responsable de estos vertidos sin depurar.

En el informe anual que realiza la CMAyOT en relación con el cumplimiento de la normativa estatal y de la Directiva 91/271  sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, todos los años concluye que la EDAR Las Galeras es NO CONFORME por exceso de materia orgánica (o sea, mierda) en las aguas que vierte a la bahía, muy cerca de las playas de La Calita y Las Murallas.

Ecologistas en Acción entiende que el Equipo de Gobierno no puede tener más excusas ni demoras para actuar contra Aqualia y aplicar las penalizaciones que estipula el Pliego de Condiciones técnicas, económicas y administrativas de la concesión de la EDAR Las Galeras. Tomando como referencia las analíticas realizadas por la CMAyOT, la penalización que debería pagar Aqualia sólo por los incumplimientos de los últimos cinco años podrían superar el millón de euros. Pero nunca se le ha incoado expediente alguno.

Si se añadieran las sanciones por los múltiples incumplimientos detectados por la inspección municipal del contrato  de Selección de un socio tecnológico especialista en gestión del Ciclo Integral del Agua, tal y como se llamó eufemísticamente a la venta del 49% de acciones a Aqualia, las cantidades que debería pagar Aqualia al Ayuntamiento podrían ser millonarias, pero nunca se le ha impuesto sanción alguna.

Por todo ello hemos solicitado al alcalde y presidente e Apemsa que se cumpla con el acuerdo de Pleno de 14 de diciembre  de  2016 y se asuma de forma inmediata la  gestión  directa de  la EDAR  por  parte de  Apemsa.

Ecologistas en Acción ha advertido al alcalde que estas negligencia podría ser constitutiva de presuntos delitos de prevaricación por omisión y de malversación de caudales públicos, pues una empresa pública antes, y ahora mixta con mayoría municipal, está pagando a Aguas de Las Galeras-Aqualia millones de euros por servicios que no se están llevando a cabo. Si los responsables del  Ayuntamiento y de Apemsa no adoptan las medidas sancionadoras estipuladas en el contrato para la gestión de la EDAR, ni resuelven las numerosas denuncias presentadas, Ecologistas en Acción pondría estos hechos en conocimiento de la fiscalía.

Fuente: ecologistas en acción

Pagar el agua en Tomelloso es mucho más caro que en Argamasilla de Alba, ¿sabes por qué?

El agua es un bien natural y es absolutamente de todos hasta que un ayuntamiento o un equipo de gobierno decide mercantilizarla, ha expresado Fernández

Que el agua de Tomelloso sea privada y no pública hace que a los vecinos nos salga un 51% más cara. Esta es la denuncia que han hecho desde IU Tomelloso, quienes han usado de referencia a Argamasilla de Alba. Al parecer, y según explican desde la formación, a pesar de que el agua en este pueblo vecino provenga del mismo pantano y tenga las mismas condiciones que el agua de Tomelloso, el hecho de que la gestión sea pública hace que el coste final sea de un 51% menos en comparación con el gasto del agua tomellosera.

Según ha expresado Rafael Quesada, portavoz de IU Tomelloso, nosotros abogamos por un agua y una distribución municipal, es decir, buscan que la gestión del agua se realice de manera pública en lugar de a través de una empresa privada, como en el caso de Aqualia, encargada actualmente de gestionar este servicio en la ciudad.

Además, desde la formación también han querido denunciar otra situación, y es la baja partida presupuestaria con la que cuenta la factura de agua, lo que hace difícil que se realicen renovaciones y que, en situaciones de urgencia como el caso de las algas encontradas en el agua de la ciudad, no se cuenten con las infraestructuras necesarias. El contrato que tenemos con Aqualia es muy precario y muy básico, ha explicado Quesada, de hecho, a otras localidades les han ofrecido mejores condiciones que a nosotros.

Imagen tomada de surestepress.

Al portavoz de IU se ha unido Txema Fernández, responsable de Acción Política Regional de Izquierda Unida en C-LM, quien ha reclamado que el agua no es un servicio que se gestione, sino un derecho humano esencial. Fernández ha reclamado que se busque mercantilizar un servicio básico para la ciudadanía, algo que se lleva haciendo en Tomelloso desde siempre, ya que la gestión del agua se  ha llevado históricamente a través de manos privadas.

Artículo original de entomelloso.com

Jaén: Vecinos de Puente de la Sierra tendrán que empadronarse para tener agua

En septiembre serán privados de su derecho a agua en la vivienda, si no cumplen la hoja de ruta marcada por la multinacional Aqualia, con un coste de hasta 1000 euros por vecino

Los vecinos del Puente de la Sierra tendrán que empadronarse en el barrio con su propiedad como primera vivienda para poder acogerse a la red general de suministro de agua del Ayuntamiento y Aqualia, solucionándose así los problemas actuales con el suministro de agua de Rafael Alcántara. Así se le informó ayer desde el Ayuntamiento de Jaén en una reunión entre el concejal de Personal y Comunicación, Miguel Contreras, el de Medio Ambiente, Mantenimiento Urbano, Juan José Jódar, y el edil de Hacienda de Jaén, Manuel Bonilla, y medio centenar de vecinos afectados y no afectados, con el presidente de la Asociación de Vecinos (AVV) Puensi, Francisco Ramírez. En ella se les informó y entregó la documentación y explicándole con detalle todos los pasos a seguir de las gestiones para tener agua.

Hay que tener una vivienda habitable, hacer un proyecto y unas escrituras para solicitar el agua de Aqualia. Además es necesario empadronarse como primera vivienda para poder solicitar el agua, explicaba ayer Ramírez, que estima que entre 500 y 800 vecinos tendrán que pedirlo. De este modo se asegurarán el suministro. La decisión no contentó a todos, sobre todo por el coste del proceso, que Ramírez cifra en hasta mil euros por vecino contando todo lo necesario.

Potable

Actualmente el agua llega con normalidad a toda la zona procedente del suministro de Alcántara, que se reunió con el Consistorio en los últimos días para encontrar una solución al problema. Hay vecinos que no están pagando el agua y la red es antigua y no se les puede cortar el agua porque si se la corta a un vecino, se le corta a otros que sí cumplen con sus obligaciones, aclara Ramírez.

Foto de Manuel Béjar para el Ideal

Ahora mismo el agua está saliendo como siempre y se ha comprometido que hasta septiembre no va a cortar, añade, recalcando que la solución pasa por ser como un barrio de Jaén más, con las casas enganchados con la red Aqualia y con agua potable. La que tenemos actualmente no es potable, es de uso doméstico. Aquellos que hace cuatro años presentaron toda la documentación para regularizar su vivienda les vale esta, aclara el presidente de la asociación Puensi.

El problema se remonta al año 2005, cuando Alcántara Martínez, firmó con el Ayuntamiento un acuerdo para quedarse al frente de este servicio, en principio para dos años pero prorrogado en el tiempo, y que decidió, el pasado 31 de mayo, que no podía continuar asumiendo esta labor, propia de la Administración local.

Fuente: MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS www.ideal.es

Condena de 3 millones de euros a Aqualia por su mala gestión del agua en el municipio gallego de Arteixo

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de La Coruña ha impuesto a Aqualia el pago de una indemnización de más de 2,6 millones de euros por los problemas creados tras su mala gestión del agua pública al Ayuntamiento de Arteixo.

Según informa la web Ecoperiodismo, la multinacional no cumplió el plan de inversiones al que se comprometió para ganar el concurso público para hacerse con el servicio municipal de aguas, tenía las tuberías en un estado funesto y tras la gestión de Aqualia, la red de abastecimiento sufrió una depreciación.

La sentencia, además de fijar la indemnización al consistorio, determina que la reversión al Ayuntamiento de Arteixo del conjunto de medios materiales e instalaciones fectos a la concesión y establece la prohibición de contratar a la recurrente con el Ayuntamiento de Arteixo, por el plazo de cinco años.

Aqualia ha sido nefasta para arteixo.
Foto: La Voz de Galicia

Todo comienza en 2005, cuando con el voto del entonces alcalde popular del municipio, Manuel Pose, se vendió la gestión del agua municipal a la empresa mixta Augarsa durante treinta años, creada para este fin con la participación casi a partes iguales del Concello y Aqualia. Sin embargo, en 2013 Augarsa se disuelve y se rescinde el contrato por incumplimiento de las condiciones por las que Aqualia había ganado la concesión.

El Juzgado entiende probados esos incumplimientos y afirma que en las pocas obras realizadas por Aqualia hubo sobrecostes, además de que se contrataban a empresas del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC, Aqualia)

Fuente: facua

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Varapalo judicial a Aqualia en la guerra del agua de Torrecera, Jerez

El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Jerez de la Frontera ha dictado sentencia en relación al conflicto entre el Ayuntamiento de Torrecera y Aqualia por la titularidad de la gestión del servicio de agua en la ELA, dando la razón al ayuntamiento pedáneo con respecto a la legalidad del acuerdo adoptado por su Junta Vecinal en 2016 para prestar de manera directa el servicio de abastecimiento de agua en baja y alcantarillado.

Así, el Magistrado-Juez, no sólo ha desestimado en su integridad el recurso interpuesto por la mercantil Aquajerez S.L., filial de Aqualia, sino que la resolución también impone a la multinacional el pago de las costas procesales causadas en autos.

Según el Alcalde de la pedanía, Manuel Bertolet: esta sentencia judicial es muy importante, no sólo porque la Justicia ha corroborado la legalidad de nuestros acuerdos y actos administrativos, sino porque, además, evidencia el secuestro de las competencias propias de la ELA que ha realizado el Ayuntamiento de Jerez, quien, basándose en los mismos argumentos esgrimidos por Aqualia, ha paralizado el procedimiento durante dos años exigiéndonos una documentación (memoria justificativa e informe de intervención) que, como bien ha expuesto el juez en su sentencia, no es exigida por la Ley.

En este sentido, ha continuado Bertolet, la sentencia también viene a poner de manifiesto el perjuicio que ha supuesto tanto para la ELA como para sus vecinos la actitud mostrada por el consistorio jerezano en todo este asunto, puesto que ha servido de coartada a la multinacional para seguir coaccionando a los vecinos y esquilmando sus bolsillos por la prestación de un servicio que no realiza desde que la Junta Vecinal adoptara sus acuerdos.

Por otro lado, el Alcalde también ha querido denunciar la lentitud y pasividad mostrada por parte del Gobierno Local a la hora de exigir a Aqualia que cumpla con los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Jerez en febrero del presente año en relación a la prestación del servicio de agua en Torrecera, así como la pasividad mostrada a la hora de cumplir con sus propias obligaciones emanadas de dichos acuerdos. Según Bertolet: no es normal que hayan pasado más de 4 meses y aún no hayan movido ni un dedo para hacer efectivos los acuerdos, por lo que entiendo que dicho retraso no es sino una maniobra más de los socialistas jerezanos para, junto a sus compañeros de partido en Torrecera y a Aqualia, seguir confundiendo a los vecinos de la pedanía a fin de desacreditar a su alcalde e intentar que la multinacional siga enriqueciéndose a costa de los torrecereños.

Vecinos con una pancarta por el derecho a la gestión pública del agua en Torrecera
 Paco López / Archivo

Para finalizar, Bertolet ha manifestado que, ya sea de manera consciente o no, la permisividad que está mostrando el Ayuntamiento de Jerez en todo este asunto y otras posibles vulneraciones legales que se están cometiendo en relación a la concesión del abastecimiento de aguas, alcantarillado y depuración en la propia ciudad, podrían incluso ser constitutiva de supuestos delitos penales, tal y como ya viene advirtiendo desde hace ya un tiempo.

El Toboso ya gestiona su agua

El Toboso acogerá este sábado un acto festivo al entrar en vigor la gestión directa del agua

El depósito de agua del Toboso. Foto:
De DavidDaguerro - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40180570

Con motivo del cambio de gestión del abastecimiento de aguas en El Toboso, va a tener lugar un encuentro festivo, de celebración, el próximo día 30 de junio a las 24 horas. Es a partir de ese instante cuando entrará en vigor la gestión directa por parte del Ayuntamiento. Hasta esa fecha, y desde el año 2009, ha existido una encomienda de gestión a la Mancomunidad de Aguas «Río Algodor» y esta, a su vez, lo hizo a la empresa privada FCC Aqualia S.A. de la que ha dependido la gestión del suministro de agua en baja durante este tiempo. De los 45 pueblos vinculados por el mismo sistema a esa Mancomunidad, solo El Toboso ha tomado esta decisión de llevar a cabo la gestión directa. El pasado 6 de junio el pleno del Ayuntamiento aprobó de forma definitiva, y de manera unánime, la Memoria de Gestión Pública del agua. Esta aprobación significa que el servicio de aguas se gestionará por el propio Ayuntamiento a partir del próximo día 1 de julio; es esa la fecha en que habrá expirado el contrato con Aqualia.

    

Con la celebración prevista para el próximo sábado se pretende expresar la satisfacción por la recuperación del control de este servicio esencial y, a la vez, dar a conocer a otros pueblos esta experiencia remunicipalizadora. Se cuenta con la asistencia de varios miembros de la Plataforma por la Gestión Pública del Agua de Alcázar de San Juan, con Emilio Torres, miembro de la Plataforma contra la Privatización del Canal, y con la de Alberto Tostado, alcalde de Puebla de Almoradiel.

    

El acto simbólico consistirá en la apertura del grifo de una fuente pública  y el reconocimiento de que el agua que parece igual (puro espejismo) ya no es igual; la lectura de una proclama y las intervenciones breves de los invitados.

Algunos hitos de la tramitación final.-

1. Acuerdo del pleno del Ayuntamiento del 15 de marzo de 2017 por el que se adhería a la denuncia del contrato formulada por varios municipios de la Mancomunidad de Aguas “Rio Algodor” sobre la prestación del servicio del agua en baja que ofrecía la empresa FCC Aqualia S.A. [Este acuerdo fue notificado tanto a FCC Aqualia como a la Mancomunidad de Aguas “Río Algodor”].
2. Acuerdo del pleno del Ayuntamiento del día 15 de marzo de 2018 por el que se decidió la exposición pública del documento que recoge las condiciones en que se llevará a cabo el servicio directo de del agua, la “Memoria de Remunicipalización del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado”; la publicidad de este documento durante el plazo de un mes era un paso preceptivo exigido por la ley.
3. Acuerdo del pleno del Ayuntamiento del día 6 de junio de 2018 por el que se aprobó de manera definitiva la Memoria de Remunicipalización.

Noticia original: http://elsemanaldelamancha.com/not/24993/el-toboso-acogera-este-sabado-un-acto-festivo-al-entrar-en-vigor-la-gestion-directa-del-agua/