El Ayuntamiento aprueba con engaños renovar el contrato con AQUALIA por 10 años, antes de que haya caducado la actual concesión, sin transparencia ni explicación a los ciudadanos.
La renovación del contrato que pretende el Ayuntamiento era el 2º punto del Orden del día de un Pleno extraordinario convocado para el 22 de junio a las 20,30 h. de la tarde. Cuando los ciudadanos acudieron a la cita se encontraron las puertas cerradas. El Pleno se había celebrado a las 8,30 h. de la mañana (confusión, despiste… engaño). Ante las protestas ciudadanas el Pleno se repitió con carácter extraordinario y de urgencia el día 2 de julio a la misma hora, a las 8,30 de la mañana, para dificultar la participación ciudadana. El Pleno resultó un paripé, pues ya en el de la confusión, los grupos políticos se habían pronunciado y explicado su voto. En el Pleno repetido no se dignaron a dar explicación alguna ni a contestar al público que intervino antes de la votación. Para ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, el Ayuntamiento pretendió realizar la renovación del contrato con AQUALIA con ocultaciones y engaños.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, junto con la MAREA AZUL de Cádiz y la FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA, consideramos que, no sólo existe el Derecho Humano al Agua reconocido por la ONU, sino que además tenemos derecho a una gestión pública, transparente y participativa de este Bien, y que nunca puede ser objeto de negocios especulativos. Por tanto, consideramos lamentable la decisión del Ayuntamiento de Tarifa. Si alguien gana dinero con un Bien Público, alguien lo pierde: en este caso los usuarios y ciudadanos.
El Ayuntamiento tenía un contrato con la empresa PROSEIN (desconocemos en qué momento esta empresa la absorbió AQUALIA) desde 1992, por 30 años, para la gestión del ciclo urbano del agua. Por tanto, el contrato no está caducado ni va a caducar hasta 2022; ¿a qué viene la urgencia del Pleno para aprobar su renovación?. No tiene sentido, ni hay explicación.
En tiempos recientes el Ayuntamiento ha puesto en marcha la nueva EBAR (estación de bombeo de aguas residuales) y colectores de Bolonia, EBAR y Colectores de Tarifa, EDAR (estación depuradora de aguas residuales) de Bolonia y EDAR de Tarifa. Esto ha supuesto más recaudación y también más gastos al Ayuntamiento. Entre entradas y gastos AQUALIA ha fijado saldo a su favor sobre 1.300.000 euros.
No se conoce a qué se debe esta supuesta deuda municipal con AQUALIA, se ha ocultado y no se ha explicado nada; no se sabe si se trata de costes no contemplados en contrato por el aumento de los servicios, si se trata de una deuda acumulada por impago del Ayuntamiento, o si se trata de inversiones realizadas por AQUALIA. Pero se suponía que todas las inversiones en obras públicas destinadas al ciclo del agua urbana de Tarifa venían siendo sufragadas, pagadas por los ciudadanos mediante el canon municipal de mejoras implantado desde 2008.
Ante la sobrevenida deuda, el Ayuntamiento calcula que no lo puede repercutir al ciudadano y, entonces, AQUALIA le propone que le prorrogue el contrato por 10 años más y que le cobrará la deuda en 2020 y en 2024 (quizás ya ni esté este alcalde… y quizás dejar la deuda a corporaciones futuras sea el verdadero motivo de esta oscura maniobra). El Ayuntamiento se asesora por una empresa privada independiente sobre la conveniencia de la operación financiera; la conclusión es que la operación es conveniente para Tarifa y el Alcalde convoca Pleno para prorrogar el contrato de AQUALIA. El Pleno lo aprueba sólo con el voto favorable de PSOE, la abstención del PP, y los votos en contra de IU. El concejal del PA no pudo votar por ser empleado de AQUALIA. Sobre un total de 17 concejales, han decidido los 6 del PSOE. Por seis votos el pueblo de Tarifa ve hipotecado y privatizado el servicio de agua hasta 2032.
Y de todo este cambalache no se comunica nada a los ciudadanos, ni se tiene la valentía de dar información.
La conclusión es que AQUALIA ha presionado al Ayuntamiento, que, visto lo impopular que sería subir la factura del agua, accede a renovar el contrato con la empresa a cambio de posponer la deuda al 2020 y 2024, años en los que no se sabe quién será el alcalde de Tarifa.
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