El autor del desvío de 30 millones de euros a facsa ha sido fichado por la sociedad en julio del año pasado.
Se repartía (presuntamente) 180.000 euros cada mes con otros tres compinches.
José Juan Morenilla, que fue hasta el verano pasado gerente de Epsar,
la entidad de la Generalitat de la que dependían las depuradoras
valencianas, (el equivalente a ESAMUR en la Comunidad Valenciana) entre ellas Emarsa, adquirió entre 2000 y 2009, junto a su
mujer y dos sociedades administradas por ésta, 22 propiedades. La
relación de compras comprende tres viviendas, cinco plazas de garaje, un
solar, una finca y 12 parcelas agrícolas.
El pájaro en cuestión |
Pese a que la Ley 5/2006 que regula los conflictos de intereses de la
Administración General del Estado establece que los gerentes de empresas
públicas deben esperar dos años para trabajar en firmas a las que hayan
adjudicado contrataciones, desde la conselleria de Agricultura
defendieron que a los responsables de estos entes de la Generalitat sí
se les permitía dado que no cobran indemnizaciones por su destitución o
cese.
Las sociedades de la mujer del exgerente, María Dolores Murillo, parecían registrar
sospechosos movimientos económicos a pesar de contar con una
aparentemente reducida actividad y escaso o ningún personal.
Las compras del matrimonio se iniciaron en el año 2000 con la
adquisición de 12 parcelas en el municipio valenciano de L’Énova que el
registro de la propiedad describe como huertos de naranjos, salvo una,
que califica como monte. A continuación, bien personalmente o bien a
través de las empresas Agromática del Este, SA, y Agromática del Este,
SL, la pareja compró una vivienda y un garaje en Candanchú (Huesca),
famosa por su estación de esquí. Una casa, una finca rústica y un garaje
en Meliana. Un solar en Foios. Una plaza de aparcamiento en Nàquera. Y
un dúplex y dos plazas de garaje en la urbanización Almadrava, junto al
mar, en Dénia.
Dos imputados, Enrique Arnal y Sebastián García Martínez, han
declarado ante el juez que Morenilla; Ignacio Bernácer, que sigue siendo
director de explotación de Epsar; Enrique Crespo, exalcalde de Manises y
exvicepresidente de la Diputación de Valencia, y Esteban Cuesta,
exgerente de Emarsa, se repartían 180.000 euros al mes que les
entregaba, primero en cajas de cartón y luego mediante tarjetas de
crédito, el empresario de lodos Jorge Ignacio Roca, que facturó a Emarsa
17 millones y se encuentra hoy huido de la justicia. El propio Cuesta
confirmó parcialmente esa acusación.
‘Cultura Emarsa’
Algún imputado ha utilizado ante el juez la expresión cultura Emarsa para referirse a la normalidad con la que se contemplaba (o practicaba)
la corrupción en la sociedad pública que depuraba el agua de Valencia,
vinculada a través de muchos de sus cargos con el Partido Popular. El
último ejemplo lo ha ofrecido esta semana ante el instructor Adolfo
Polo, que era el jefe de Medio Ambiente de la planta de Pinedo durante
la etapa investigada. Polo, que acabó de declarar el viernes, admitió
que durante años se dedicó a trabajar por la mañana en Emarsa y por las
tardes en una empresa que facturaba a la sociedad por el tratamiento de
lodos, el área de la depuradora que él debía vigilar desde su cargo
público.
Polo admitió que al frente de dicha empresa, Iris, figuraba su mujer,
pero solo en funciones de testaferro, porque aparecer él directamente
habría dado mala imagen. Su caso es un ejemplo de la complejidad de
las tramas que exprimieron Emarsa hasta la quiebra: Iris actuó como
subcontrata de varias firmas que contrataban con Emarsa. Y Polo facturó
al mismo tiempo a Iris (su propia empresa) a través de otras firmas que
había constituido, una de ellas con su esposa.
Sacado de elpais.com
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