En marcha el proceso de privatización total del agua de Telde, Gran Canaria

• La empresa de aguas ya es mixta, mitad municipal y mitad de Agbar

  • Sacyr, FCC (Aqualia) y Aguas de Barcelona desean adquirir las acciones que posee el Ayuntamiento

    
     La anunciada privatización de la empresa mixta de abasto Aguas de Telde, cuya titularidad a día de hoy está compartida a partes iguales entre Canaragua (Agbar) y el Ayuntamiento, ya ha encontrado pretendientes. Al menos tres compañías han comunicado ya al grupo de gobierno de la ciudad su pretensión de pujar por la compra de las acciones que el consistorio posee en dicha compañía. El pacto tripartito de PP, Ciuca y Coalición Canaria aprobó meses atrás un plan de ajuste en el que, además de la subida de impuestos, se incluía la venta de dichos títulos para ingresar como mínimo 10 millones de euros en las maltrechas arcas locales. Sacyr (a través de su filial Valoriza), la división de agua de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Aqualia, y la propia Aguas de Barcelona, propietaria de Canaragua, han manifestado ya su interés por hacerse con dichas acciones, aunque todas tendrán que esperar a 2013, año en el que el Ayuntamiento procederá a desprenderse del control de una sociedad en la que el voto de calidad de la alcaldesa era capaz de vetar subidas de precio. La empresa Aguas de Telde está participada a día de hoy por un socio privado -Canaragua- y el Ayuntamiento. Cada uno de ellos posee el 50 % de las acciones, pero en caso de empate siempre prevalece la postura municipal.
    
    El interés que esta enajenación ha despertado en el sector ha hecho pensar al pacto que podría embolsarse hasta 12 millones en un negocio que, según fuentes autorizadas del pacto, es rentable al tratarse de un municipio con 100.000 habitantes y siempre y cuando se centre única y exclusivamente en la gestión del agua, y no en otras cosas, como puede ser el mantenimiento de los parques y jardines. En todo caso, desde el pacto se quiso insistir este miércoles en que la política de imposición de tarifas siempre dependerá de lo que en última instancia diga el consistorio. 
    Texto y foto: laprovincia.es
    Claro que es rentable, por eso se tiran todos como buitres a por ella. Lo que no dicen estos del pacto es que tras la operación llegará lo primero de todo la subida de tarifas, y después lo demás: Abandono de la red, despidos y precariedad para la plantilla, empeoramiento del servicio...

Puerto de la Cruz, Tenerife: Prohibido por Salud pública beber el agua del grifo, gestionada por Aqualia

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ordenó ayer que no se utilice para consumo humano el agua del grifo que se recibe en los núcleos portuenses de La Vera, San Antonio, Las Dehesas, Taoro y el entorno de la carretera de Las Arenas, donde residen entre 7.000 y 9.000 personas. A falta de datos oficiales, esta nueva restricción en el consumo de agua afecta a los 2.500 vecinos de Las Dehesas, San Antonio, Las Arenas y Taoro, que ya estuvieron sin poder beber agua del grifo desde el 26 de abril hasta el 16 de mayo de este año, y a los miles de habitantes del populoso barrio de La Vera y de parte de los alrededores de la citada carretera.

Fuentes del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz informaron ayer de que el motivo del corte es la presencia de barro en la red de abastecimiento, debido a las fuertes lluvias de la pasada Nochebuena, que afectaron a la red. En el consistorio esperan que Salud Pública tenga los resultados de los pertinentes análisis del agua de consumo humano entre el viernes y el sábado, por lo que confían en que esta prohibición se levante en pocos días.

Aqualia en el Puerto de la Cruz anunció ayer la restricción a través de megafonía por los barrios afectados, pero no emitió ningún comunicado oficial ni aportó ninguna información a los medios de comunicación que la solicitaron. Su protocolo de comunicación pospone al día de hoy la información sobre la restricción del consumo de agua ordenada ayer por Salud Pública.

Puerto de la Cruz, foto: wikipedia

A pesar de que el comunicado oficial no llegará hasta hoy, a través del teléfono de información general de Aqualia sí se informaba ayer de que el agua estaba llegando turbia a los núcleos citados por la existencia de barro en la red de abastecimiento.

Leído aquí: http://www.eldia.es/2012-12-27/norte/2-Salud-Publica-prohibe-miles-portuenses-consumir-agua-grifo.htm

Aqualia y la clave catalana del Caso Emarsa

• Varios de los actores del fraude en la depuradora coincidieron en Barcelona en los años noventa

Hubo una empresa que sí trató los lodos producidos en la depuradora de las aguas residuales del área metropolitana de Valencia, en Pinedo. Fue Adobs Orgànics. A un precio de 18 euros por tonelada, escandalosamente inferior al que cobró por ello, 42 euros por tonelada, el principal imputado en el saqueo de Emarsa, Jorge Roca Samper, a través de sociedades que nada tenían que ver con el tratamiento o la aplicación agrícola de fangos. Adobs Orgànics era, en realidad, una empresa de Aqualia, a su vez perteneciente al grupo FCC. El documento para subcontratar esos servicios lo firmó con Roca Samper un directivo de Aqualia, Jorge Hernández Blanch, que el lunes declaró ante el juez que investiga el caso, Vicente Ríos, y dijo que no lo conoce.

Según su testimonio, fue un contrato que no se firmó en unidad de acto. Es decir, que primero lo suscribió en nombre de Etwas Eigentlich el ahora imputado, sobre el que hay dictada una orden internacional de búsqueda, y en otro momento lo hizo el directivo de Aqualia en nombre de Adobs Orgànics.

Hernández Blanch es amigo íntimo de José Juan Morenilla, imputado en el caso porque supuestamente concertó con Roca Samper y con el expresidente y el exgerente de Emarsa, Enrique Crespo y Esteban Cuesta, respectivamente, un fraude basado precisamente en los precios que la Empresa Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), de la Generalitat Valenciana, debía pagar a Emarsa por el tratamiento de lodos. Morenilla era el gerente de la Epsar y también negó conocer a Roca Samper. Tanto él como Hernández Blanch han asumido en sus declaraciones judiciales que son amigos, pero ambos han añadido que nunca hablaron del tratamiento de lodos en la planta depuradora de Pinedo, si bien Hernández Blanch dijo suponer que la Epsar sabía que Aqualia era gestora de lodos de la depuradora y tenía una empresa que se llamaba Adobs. La diferencia está en que Morenilla fue interrogado en calidad de imputado el pasado mes de septiembre, y Hernández Blanch lo ha sido esta semana como testigo, y por tanto tenía la obligación de decir la verdad.

• El firmante de la subcontrata declara que no conoce al principal imputado

Tampoco llegó Hernández Blanch a conocer a Roca Samper pese a que Aqualia contrató a Zonday Investments, SL, otra firma del imputado del caso Emarsa en paradero desconocido, para trabajos de asesoramiento al presentarse a los concursos de las depuradoras de Calp, Tavernes de la Valldigna, Carlet y Canet-Sagunto. Textualmente, dijo que Zonday no le suena. Y eso que Zonday, como le hizo ver la fiscal en el interrogatorio, tenía una oficina en la cuarta planta del edificio de la calle de Berlín, en Barcelona, en cuya tercera planta estaba el despacho de Hernández Blanch. El testigo no supo dar explicaciones de diversas facturas de Zonday a Aqualia firmadas por él ni de varias correspondientes a empresas de Roca Samper como Erwinin, otra de las firmas implicadas en el saqueo de Emarsa.

Menos explicación dio Hernández Blanch al hecho de que los contratos de las empresas de Aqualia y de Roca Samper se sometían al fuero de Igualada cuando ninguna de ellas tenía su domicilio en Igualada, Hernández Blanch respondió que eso debería preguntárselo al secretario del consejo de la sociedad. Igualada es la localidad de origen de Roca Samper, una ciudad catalana de cuya estación depuradora fue director José Juan Morenilla y en la que vivió dos años a inicios de la década de los 90.

Tanto el juez Ríos como la fiscal del caso han reiterado a los imputados y a los testigos preguntas relacionadas con la clave catalana del caso Emarsa. Hernández Blanch declaró conocer a Morenilla de aquella época, cuando ambos coincidieron en Searsa, una empresa del grupo Aguas de Barcelona. También entonces conoció a Ignacio Bernácer, exjefe de explotación de la Epsar e imputado junto a Morenilla por el fraude en la depuradora de Pinedo. Dijo Herrández Blanch que Bernácer trabajaba en esa época en la empresa Egevasa. Asimismo reconoció en su declaración que los hermanos Juan Luis y Miguel Ángel Martínez Muro trabajaron a sus órdenes en Searsa. Juan Luis Martínez Muro sustituyó a Morenilla como gerente de la Epsar cuando dimitió en julio de 2011 como consecuencia del escándalo de Emarsa, para fichar por la empresa Facsa. Miguel Ángel Martínez Muro, a su vez, es director de Red Control, la empresa que de 2005 a 2009, los años del saqueo, tuvo adjudicada la supervisión de la planta depuradora de Pinedo. El juez y la fiscal parecen convencidos de que en ese pañuelo de relaciones originadas en Cataluña durante los años noventa hay algunas respuestas a lo ocurrido.

• El de 18 euros por tonelada era un precio de mercado para los lodos

Con ello, desmentía los informes de la Epsar que justificaron el pago de 42 euros por tonelada, lo que supuestamente propició un fraude millonario cuya cuantía no se ha acabado de establecer. La propia consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, sostuvo todavía el miércoles, en una comisión de las Cortes Valencianas, que 42 euros por tonelada era un precio razonable.La declaración de Hernández Blanch, trufada de contestaciones como no me suena o no lo sé, fue, sin embargo, rotunda al afirmar que los 18 euros por tonelada que cobró Adobs Orgànics (y que actualmente cobra la empresa adjudicataria de Pinedo, vinculada a Aguas de Valencia) para el tratamiento de lodos era un precio de mercado, razonable y correcto.

• Queremos hablar contigo

A mediados de 2010, cuando el fraude en la depuradora de Pinedo comenzaba a salir a la luz pública, —después de que el PP de Valencia forzara la disolución de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) en un intento de atajar el escándalo—, una asesoría fiscal de Igualada (Barcelona) recibía una carta con remite de Emarsa dirigida a Jorge Ignacio Roca Samper. En su interior había un papel alargado escrito a máquina, en el que tan solo ponía: Queremos hablar contigo. María Eva Pérez Gallart, una de las dos socias de Edmons Assessors, SL, narró la escena el miércoles en su declaración como testigo ante el juez que investiga el caso Emarsa.

Pérez Gallart, que había estado trabajando en encargos de asesoría fiscal y empresarial para Roca Samper, escaneó el escrito y le mandó un correo electrónico al imputado por el saqueo de la depuradora de Pinedo actualmente en paradero desconocido, que entonces ya residía en Francia (donde supuestamente blanqueó el botín obtenido en Valencia), preguntándole qué pasaba. Ya no me contestó y no me contestó nunca más, declaró la testigo.

La asesora fiscal, a la que Roca Samper hizo actuar por poderes para vender una finca en Santa Margarida de Montbui a nombre de Erwinin, una de las empresas que participaron en el fraude de Emarsa, dio detalles del origen de otra de las sociedades implicadas en el saqueo, Printergreen, SL. Fueron precisamente las dos socias del despacho las que le presentaron a Roca Samper al propietario que se la vendió.

Pérez Gallart explicó las cuentas bancarias y las facturas de las empresas de Roca Samper que pasaron por sus manos y se comprometió a enviar urgentemente al juez toda la documentación, que incluye movimientos de fondos con otra empresa de Roca Samper en Malta. La asesora llegó a preguntar a Roca por qué eran tan grandes las facturas entre Printergreen y la firma con sede en Malta Walnut Grove. Me dijo algo de los lodos y de coches, declaró.

Buzón de Quejas: AQUALIA SANT JOSEP DE SA TALAIA , Ibiza.

Queremos publicar esta denuncia recogida en la red:

Tengo un pequeño apartamento en la zona de Cala Vadella, Club Robinson. Todos los veranos sistemáticamente esta bonita compañía de aguas nos deja sin suministro, pero no un par de horas o un día. Mínimo de 5 a 7 días. Y no ponen ni un camión cisterna con agua potable para abastecer a los usuarios sin suministro. Cada trimestre pasan un recibo del valor de mas de 60€ SIN CONSUMO, sólo impuestos. Encima tienen la desfachatez de NO DESCONTAR ni un solo día de los que te dejaron sin suministro. Yo un verano me tuve que duchar en la playa durante una semana entera. E ir al baño en el bar próximo -a 1 km- . Tuve que instalar una cisterna supletoria de varios cientos de litros con un motor que me abastece agua. Esta inversión es de aproximadamente 2.000€. Por culpa de Aqualia, su fiel recibo. Los denuncié a consumo. Nada, no querían ni descontar la parte proporcional de los días que nos dejaron sin suministro absoluto. Familias enteras ven truncadas sus vacaciones por culpa de esta mala gestión y mala previsión. Y no paran de dar contratos de agua en los alrededores que eso hace que haya mas posibilidad de incidencias. No se responsabilizan, dan el agua cuando dios quiere. Esa es mi denuncia. Gracias.

Sobre aqualia y su nueva apropiación del agua de Arcos de la Frontera

Continúan las reacciones de indignación por la privatización del agua de arcos y su entrega a la banda de la Koplowitz

SE HA ABIERTO LA VEDA (ARCOS-JEREZ-EL PUERTO)

Foto: commons.wikimedia.org

A una velocidad del rayo, con un proceso que se inició poco antes del verano, el Ayuntamiento de Arcos, con graves problemas de liquidez, sacó provecho el pasado miércoles al vencimiento de una concesión, la del servicio del agua. Por el cambio de concesión, pendiente de la aprobación del pleno por la mayoría del PP, va a recibir en los próximos días 2.500.000 euros, el primer ingreso de los siete millones y medio de euros en plazos por el canon inicial, que se eleva a 12 millones a los largo de 25 años, el tiempo que dura la adjudicación a la operadora Aqualia, una de las dos grandes empresas privadas nacionales del agua, que depende del gigante de la construcción FCC. Con ello, Aqualia, que ya tenía la concesión de la depuradora, arrebata el servicio a Gestagua, cuarta operadora del país y que depende de otra multinacional, la francesa Saur. 
Sin embargo, la que es la primera batalla del agua en la provincia de Cádiz de las próximas que se avecinan dada la situación de asfixia económica de los municipios no ha terminado aquí. Gestagua planteó un recurso por supuestas irregularidades en los pliegos de condiciones iniciales, unos pliegos que ya asumen que los arcenses experimentarán por este cambio de concesión un incremento en el precio del recibo del agua de nada menos que el 35% de media, y un 70% en los tramos más altos. La oferta de Gestagua para mantener la plaza no incluía un incremento tan alto en el precio del agua, pero, pese a ello, la consultora independiente Ingeagua valoró el proyecto técnico de Aqualia muy por encima del de los otros competidores, la propia Gestagua y Valoriza, la empresa de agua con la que la constructora Sacyr intenta introducirse en este lucrativo mercado. 
Aqualia, según fuentes del sector, suele agradar mucho en sus proyectos a Ingeagua, ya que con informes de esta consultora ha ganado siempre los concursos a los que se ha presentado. Ha sucedido en Sanlúcar, Moguer, Lepe o Priego de Córdoba. El principal problema en la gestión de Aqualia se ha producido en Moguer, donde el alcalde socialista, Gustavo Cuéllar, llegó a calificar de "brutal" la subida que pretendía Aqualia de un 36%, que es prácticamente la misma que ahora se va a aplicar, desde enero, en Arcos. En aquella ocasión, la filial del agua de FCC justificó su pretensión en un desfase entre la previsiones que había hecho con el anterior gobierno popular y el cobro real. 
La provincia de Huelva, de hecho, ha sido un campo de pruebas para batallas del agua de mayor enjundia. La privatización de los servicios de agua van a ser una constante a partir de ahora en toda Andalucía. Lo explica un técnico de una de las grandes operadoras: Hasta ahora, durante la burbuja, los municipios se financiaban con suelo. Si el municipio tenía espacio para crecer, mucho suelo, el dinero entraba fácil y continuamente. Ahora, las empresas municipales de agua, que en su gran mayoría eran enormemente rentables y que también servían para financiar a los ayuntamientos con sus beneficios, son las joyas de la corona. Lo que pasa es que el agua sólo se puede vender una vez cada 25 años. Es dinero contante y sonante que se inyecta directamente en ayuntamientos que, en muchos casos, no tienen ni para pagar las nóminas. El agua es oxígeno económico.
Ese es el oxígeno que ha buscado Arcos y el motivo de que, pese a la existencia de un recurso que ni se ha estimado ni se ha desestimado, el proceso haya finalizado para caer en manos de quienes todos los que conocían el concurso sabían que era el favorito. Sebastián Ruiz, concejal de infraestructuras de Arcos y senador del PP, restaba importancia al recurso presentado por Gestagua el pasado viernes. E incluso no lo entendía muy bien: A Gestagua no le han gustado los pliegos, pero el concurso no ha terminado. En realidad, las tres operadoras que concursaban sabían ya cuál iba a ser el resultado del concurso.

Julio Delgado, concejal del PSOE en Arcos, que ha estado en todo momento en la mesa del concurso, tiene claro lo que votará en el pleno en el que cambie la concesionaria: No. El proceso ha sido muy oscuro y yo no soy quién para decir si Gestagua tiene razón o no en su recurso, pero sí parece claro que el informe inicial de los pliegos que se aprobó no era el mismo que habían redactado el secretario y el interventor. En cualquier caso, el principal problema en todo esto es que los ciudadanos van a sufrir un incremento en el recibo del agua que a nosotros nos parece desproporcionado. 
Por su parte, Gestagua, que ya litigó en 2002 cuando el gobierno popular le arrebató la concesión para entregársela a Aqualia argumentando mal servicio y reconquistó la concesión en el TSJA en 2006, no está dispuesta a dejar las cosas así. Su recurso sigue adelante. De momento, son los técnicos municipales, no políticos, los que tienen que estimar o desestimar, pero el cambio de concesión puede tener un recorrido en los tribunales. Es mucho dinero lo que está en juego. Los tribunales no fallarían antes de dos o tres años y al Ayuntamiento de Arcos, como sucedió en 2006, le podría costar una indemnización. 
Pero el caso de Arcos es sólo un ejemplo de lo que queda por pasar dentro del negocio del agua. Las operadoras, que no son muchas -las dos principales son Aqualia y Aquagest, pero hay muchas pequeñas y medianas, como Gestagua, que buscan tajada en la privatización del agua-, están dispuestas a librar grandes batallas por quedarse con una porción de un mercado muy apetecible. Consiste en quedarse con las concesiones, encarecer el servicio y recuperar las cantidades que hayan tenido que aportar como canon a 25 años. Por eso, las constructoras, como Sacyr, se reconvierten en operadoras de agua. 
En la provincia los dos municipios que el sector tiene marcados con una diana son El Puerto (Apemsa) y Jerez (Ajemsa), una vez que Algeciras haya llegado a un acuerdo de buen entendimiento entre un grupo de empresas para repartirse los distintos apartados de la gestión del agua. En El Puerto y Jerez ambas son empresas municipales, con lo que de lo que se está hablando es directamente de la privatización de un servicio público. 
Estos movimientos han propiciado la creación de plataformas ciudadanas en contra del proceso. Simón Candón, colaborador de la Coordinadora, ha enviado a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo una carta en la que explica la postura de los detractores de la privatización: Con un bien escaso y de primera necesidad, no se juega (...) Usted tiene una gran responsabilidad ante los ciudadanos de Jerez. Ya dijo su teniente de alcalde, Antonio Saldaña, que si fracasaba el plan A (venta de Aguas de Jerez), no tendría más remedio que sacar el Plan B. Pues empiece primero con el Plan B y deje en paz al Plan A, que es el pan duradero de todos los ciudadanos de Jerez. 

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A lo que se refiere Candón es a los dos intentos de subasta de Ajemsa, que han quedado desiertos. Las operadoras consideran que Ajemsa es una empresa sobredimensionada en el personal, con sueldos muy altos y un porcentaje muy bajo de personal cualificado. Esa fue la excusa. La realidad es que se intentaba bajar el precio del canon. Los propios operadores reconocen que el proceso de Jerez está siendo muy limpio. Limpio significa que la privatización de Ajemsa, que pilota Antonio Saldaña, un valor emergente del PP, se hará, básicamente, al mejor postor. El favorito es Acciona, de la familia Entrecanales, que se ha convertido en el tercer operador español tras ganar el concurso de Aguas de Llobregat. Acciona está apostando fuerte por el agua y eso supone disponer de mucho dinero para pagar cada canon en el que se presenta. En el caso de Jerez, pese a la situación calamitosa de las arcas municipales, el Ayuntamiento se está manteniendo firme. Por menos de 80 millones de canon para 25 años, Ajemsa no se privatizará. 
El caso de El Puerto es distinto. Aqualia, al igual que en Arcos, lleva meses posicionándose para quedarse con Apemsa. Hay curiosidad en el sector por saber en cuánto se va a poner el canon, que se moverá, según explican los expertos entre 10 y 15 millones. Dependiendo de ese canon, se sabrá hasta qué punto sube el precio del agua. Porque lo que es seguro es que el agua ya es un impuesto indirecto para pagar las asfixias municipales.