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miércoles, 27 de junio de 2012

Facsa leerá los contadores del agua en Logroño


La unión Temporal de  empresas formada por la  eléctrica logroñesa Imel y la castellonense Facsa ha resultado adjudicataria del concurso municipal de Logroño para la lectura y reparación de contadores de consumo de agua; tanto de uso doméstico, industrial, para redes de incendios y otros servicios.
  
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Desconocemos las prácticas en materia laboral de Imel, pero ya sabemos de la catadura moral de sus compañeros de viaje, la empresa mafiosa Facsa, expertos en saquear depuradoras públicas de aguas residuales, que utiliza el terror al despido como medio de presión a sus obreros de la depuradora de Mazarrón, que practica la represión antisindical contra la cnt en la misma planta, que se abre paso en el negocio de la gestión privada del ciclo integral del agua con unos métodos que les han llevado al banquillo repetidas veces por los mayores escándalos de corrupción. 

El ayuntamiento de Logroño ha dado así un paso hacia la privatización del servicio municipal de aguas y la depuración, que ha dado pésimos resultados donde se aplica. Según el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, esta medida permitirá un ahorro de 160.000 euros al año. Lo que no ha explicado el concejal es de dónde salen esos  de miles de euros que pretende ahorrar. ¿Cómo se come eso? ¿El ayuntamiento gasta menos y Facsa obtiene beneficios, realizando la misma labor?. La experiencia dice que sucede lo contrario.
  Y si no al tiempo. Nuestros mejores deseos para los trabajadores de Facsa en Logroño, y si quieren luchar ya saben dónde estamos.

martes, 26 de junio de 2012

Vecinos de Marratxí (Mallorca) recogen firmas contra la subida del agua por parte de Facsa

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Vecinos afectados por Facsa antes de hacer entrega de las firmas
Foto: Miquel Bosch, diariodemallorca.es
MIQUEL BOSCH Vecinos del llamado segundo distrito de Marratxí, que abarca los núcleos de es Pont d´Inca, es Pla de na Tesa, es Figueral, Son Ramonell, cas Capità, cas Carbonell, ses Cases Noves y es Pont d´Inca Nou, entre otros, presentaron ayer un listado con 1.170 firmas contra la subida del agua potable aprobada por el Ayuntamiento a favor de Facsa. 

Tras la modificación, el consumo mínimo de agua pasa de los 0,49 euros a los 0,68 euros por metro cúbico para consumos mensuales de hasta doce toneladas, lo que representa un aumento del 38%.

Las alegaciones presentadas por los vecinos se basan en tres argumentos. El primero es que consideran que el aumento es totalmente desproporcionado con respecto a los precios anteriores. El segundo argumento usado por los vecinos es la falta de explicaciones recibidas como clientes del servicio, mientras que la tercera queja vecinal se refiere a la situación de inseguridad económica que genera esta variación del servicio.

Los representantes de la asociación de vecinos de es Pla de na Tesa manifestaron su malestar con el Consistorio, ya que el 16 de mayo solicitaron una reunión con los representantes municipales para debatir esta cuestión. Días después la secretaria del alcalde confirmó la asistencia de dos representantes del Ayuntamiento para el día 24 a las ocho de la noche en la biblioteca pública. Los representantes municipales debían informar sobre el aumento de las tarifas y la gestión del agua en es Pla de na Tesa. La asociación convocó a los vecinos para el acto, pero el día antes el Ayuntamiento informó que los dos representantes no asistirían a la reunión y que el Consistorio ya daría la información oportuna.

Hacienda y la policía acreditan ante dos jueces la financiación ilegal del PP, por Facsa y otras empresas castellonenses


Los magistrados Ruz y Ceres reciben nuevos informes sobre la trama corrupta

El dinero opaco de empresas acabó pagando mítines de Aguirre, Camps y Rajoy




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Los documentos indican también que el importe de los servicios prestados por la trama a lo largo de 2008 en decenas de actos electorales del PP se eleva a 1,7 millones de euros. Sin embargo, la firma Orange Market solo cobró a la formación 612.322 euros, es decir, un poco más de la tercera parte.
En el caso de Madrid, la evaluación de la contabilidad de las sociedades de la trama topó con que la fundación Fundescam emitió a la red corrupta facturas de trabajos en los que “el cliente real era el Partido Popular”. Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados que acabaron financiando campañas electorales. La detección de este desvío de dinero cayó en saco roto ya que el posible delito había prescrito pero, ante las evidencias, el juez ordenó la revisión de las cuentas en 2007 y 2008, años en los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito.
Han pasado tres años desde que se inició la investigación de los manejos de la más extendida trama de corrupción, la red Gürtel. Respecto al PP valenciano, la policía, hasta ahora, había presentado informes que indican que una de las sociedades a las que se acusa de financiar ilegalmente al PP, Facsa, pagó al partido hasta 470.000 euros, a través de las firmas Orange Market y de Easy Concept, entre 2006 y 2007.
La investigación atribuye a otro de los empresarios imputados, Enrique Ortiz, el pago de 300.000 euros. Los últimos informes señalan que los pagos del resto de empresas acusadas de financiar ilegalmente al partido de los populares valencianos son Sedesa, con una aportación de 150.684 euros; Grupo Vallalba, con 199.520 euros, y Lubasa, con 110.200 euros.
A todas ellas hay que unir la sociedad Piaf, ahora en concurso de acreedores, que podría haber abonado 27.000 euros para gastos del Partido Popular. Sin embargo, a esta firma se le atribuye otra operación irregular de mayor calado ya que facturó al Ayuntamiento de Vila-real un total de 600.000 euros por trabajos que según los departamentos y funcionarios responsables de dichos departamentos para los que se trabajó, no se realizaron. Esta empresa, además, fue concesionaria del Ayuntamiento de Castellón, al que facturó, durante siete años, 19 millones de euros por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado.
Entre los primeros informes remitidos a los jueces, figuraba uno de los elaborados por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía que indica que estas sociedades lograron cerca de 800 millones de euros en contratos solo del Gobierno valenciano que presidía el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas.
Así cualquiera, claro que ese dinero ya lo han recuperado con creces en los contratos de servicio de aguas y depuración. Al final resulta que quienes de verdad pagamos esos actos no fueron ni Facsa ni las otras empresas, sino los de siempre, es decir nosotros, la gente de a pie, en nuestros recibos del agua y los impuestos que mantienen otros servicios públicos. Y luego escatiman hasta el último céntimo con sus trabajadores. 

lunes, 25 de junio de 2012

Villamartín, Cádiz: Un juez obliga a devolver a Aqualia el servicio del agua


El pasado 9 de marzo el equipo de Gobierno del PA (Partido Andalucista) trató de devolver el servicio del agua a Aqualia, pero la oposición no lo permitió. Ahora la situación ha cambiado ya que, a instancias de la empresa, el juez que dictó sentencia en contra del Ayuntamiento de Villamartín ha emitido un auto aclaratorio en el que obliga a la devolución del servicio y a que se indemnice a Aqualia por los ocho años que ha dejado de prestarlo.
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Aqualia destruye
Para entender el conflicto del agua hay que remontarse a 2004, cuando el Ayuntamiento de Villamartín, gobernado por el PSOE, decidió retirar la encomienda del servicio a la citada empresa. Aqualia acudió entonces a la Justicia y años después ésta le dio la razón, obligando al Ayuntamiento a indemnizarla. En nuevo Gobierno local, encabezado por Juan Luis Morales (PA), trató de sacar adelante un acuerdo con la empresa para devolver la gestión del servicio e incluso ampliar la vinculación con la empresa para evitar pagar la indemnización, que entienden que podría ser superior a 4 millones de euros. PSOE, PP e IU se opusieron a y se mostraron partidarios de buscar una solución junto a la empresa pública Aguas Sierra de Cádiz, dependiente de Mancomunidad, que es quien ahora presta el servicio.
Aqualia, que se había quedado al margen de esta última decisión política, entendió que se estaban perjudicando sus intereses y pidió al juzgado un auto aclaratorio que ha recibido el Ayuntamiento en los últimos días. En el mismo se vuelve a reconocer que la retirada del servicio no se hizo de forma adecuada y pide que el mismo se devuelva a la empresa. Además, el Ayuntamiento tendrá que indemnizar por los 8 años que han estado sin prestar el servicio, por lo que fuentes cercanas al Gobierno local no descartan que se pudiera volver a alcanzar un acuerdo con el fin de tratar de evitar esa indemnización que el Ayuntamiento no podría afrontar. Esta situación, además, también podría poner en el aire el futuro de la empresa pública Aguas Sierra de Cádiz, ya que la misma presenta también una situación económica delicada y Villamartín es la localidad más importante donde presta servicio.
Fuente: lavozdigital.es

Aqualia que como sabemos actúa sin un asomo de ética, por mucho que presume de Responsabilidad Social corporativa, deja a este pueblo en la ruina, y con el servicio de aguas en sus manos, que es lo peor. Hay jueces que podían tener la boca cerrada más a menudo, para no cometer injusticias tan despreciables como esta, ya lo dice el refrán: por la boca muere el juez. Y éste calladito estaría mas guapo, o menos feo, lo que sea. Ánimo gente, que al final ganaremos nosotros, y seremos dueñas de nuestra agua.

sábado, 23 de junio de 2012

Aqualia y Facsa Mazarrón: Despedido por mi actividad sindical.

artículo publicado originalmente en abusospatronales.es

Lo reproducimos aquí porque nos parece un completo resumen de lo que está pasando en la depuradora.


El comienzo de mi despido se remonta a septiembre de 2010, cuando me negaron reincorporarme a mi puesto en la depuradora de aguas residuales de Mazarrón, Murcia, tras una excedencia de la que hablaré más adelante. Pero primero me gustaría situar al lector en el ambiente que rodea esta triste historia:
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EDAR de Mazarrón
Como bien sabemos en la CNT, el grupo empresarial de Esther Koplowitz, FCC, (propietario a su vez de Aqualia) ya ha protagonizado mas episodios de persecución contra la actividad de la Anarcosindical en sus empresas. En Zaragoza han tenido que readmitir a dos delegados sindicales por despido nulo. También su filial Flightcare  ha  intentado sin éxito impedir la lucha sindical de nuestros compañeros de Barcelona. En cuanto a Facsa, diremos que es también filial de otra constructora, el Grupo Gimeno, de Castellón. Facsa ha ido poco a poco abriéndose su hueco en esto de las contratas del agua privatizada, comenzando por Levante donde domina casi todo y llegando cada vez más lejos, con contratos en Aragón, Rioja, incluso  Toledo capital.  En cuanto a su actividad antisindical no teníamos noticias, hasta ahora, pero entre los trabajadores de la planta ya lo ha hecho saber la propia empresa, donde reconoce sin tapujos que  sigo en la calle por mi militancia sindical.
Lo cierto es que yo tampoco había sido especialmente combativo en el trabajo, no había sección sindical, aunque con frecuencia intenté con mis compañeros de trabajo hablar de la CNT y de nuestra forma de luchar, y de lo interesante que sería que se afiliaran y montar la sección, pero sin éxito. Sí que hubo bastante tensión en algunos momentos en materia de seguridad, al negarme a realizar determinadas tareas en condiciones de toxicidad por gases, ya que el sulfídrico en muchas ocasiones superaba los límites legales multiplicando su concentración por 10 ó mas, algo que puede llegar a ser mortal. Aun así, en esos casos, mi actitud era dialogante y de buscar soluciones, no de enfrentamiento.  Visto el panorama, decidí pedir un año y medio de excedencia,  para probar suerte fuera, pero la crisis ya estaba en pleno apogeo y no conseguí un trabajo estable, por lo que informé a Aqualia de mi intención de reincorporarme lo antes posible. Aqualia estaba terminando su contrato de gestión de la depuradora, y dada su pésima actuación no tenía muchas posibilidades de renovar, por lo que no quería delante a un sindicalista que podía entorpecer su vergonzante retirada. Contestaron que de momento no era posible, que mi puesto estaba amortizado (eso significa que aunque mi plaza no la ocupaba nadie se apañaban con uno menos). Entonces mi sindicato intervino abiertamente, enviando escritos a la empresa y a las administraciones responsables de esta situación: Ayuntamiento, Consejería de agricultura y Aguas, Esamur (Entidad regional de saneamiento y depuración). Cuando llegó la subasta de la depuradora, Aqualia perdió -como era de esperar- y entró Facsa, a la que tanto yo como el Sindicato informamos de la situación e invitamos a solucionarlo cuanto antes. En este traspaso de empresas, Aqualia despidió también a la analista de la planta, a otro trabajador ya retirado por razones de salud, al jefe de planta y a otro obrero de otra instalación, intentando así ahorrarse la indemnización de éste último.

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Puerto de Mazarrón, verano 2011
Facsa ha readmitido a la analista, el otro currante ha vuelto a Aqualia, y el que estaba jubilado naturalmente sigue como está, es decir que el único obrero que sigue en la calle soy yo. El jefe de planta es otro caso, ya que como jefe no se subroga, es personal de la empresa y no de la planta, es en parte culpable de esta situación (y así se lo agradecen...Roma no paga traidores) aunque está negociando para acabar sus días en el ayuntamiento. (Después de publicarse este artículo hemos descubierto que el jefe en cuestión también ha sido readmitido por Aqualia) Este hecho ha calado hondo entre los demás trabajadores de la planta, que comentan entre ellos que si el compañero no trabaja en la depuradora es por meterse en líos de manifestaciones, carteles etc... Se celebró un juicio y el testigo que llevé (ex compañero de trabajo, sindicalista de UGT y actual concejal de servicios urbanos), llegado el momento declaró en mi contra, para sorpresa de casi todos, incluido el juez, que no daba crédito a lo que estaba oyendo. Después me enteré de que, además de la relación que tiene con las dos empresas por su cargo en el ayuntamiento, había conseguido meter a su hijo a trabajar en Aqualia. Con este ¿impagable? testimonio, el juez sentenció que no estaba probada la represión antisindical, y que tampoco me habían despedido, sino que continuaba en espera de que la empresa tuviera una vacante disponible, de similar categoría a la mía, plaza para la que yo conservaría un derecho preferente. Facsa se mostró de acuerdo, y se comprometió a hacerlo, pero cuando tuvo necesidad de un nuevo trabajador contrató a otro, como era de esperar. Nueva denuncia y a la espera de juicio. A pesar de que se lo hemos preguntado formalmente, no han querido explicar por qué han incumplido su palabra. Así hemos llegado hasta ahora. Cuento con el incondicional apoyo de mi sindicato, que ha demostrado su solidaridad a lo largo de todo el país, concentrándose a las puertas de las empresas, pegando carteles, convocando manifestaciones, repartiendo panfletos, intentando negociar con las dos empresas una salida justa, que no es otra que mi readmisión. El ayuntamiento me dice a mí una cosa pero luego hace otra, tienen miedo de que  las empresas  les consideren su enemigo, mientras que la suerte de una familia del pueblo no les dice nada, ni la falta de libertad en el seno de una instalación pública como es la depuradora de aguas residuales.aqualia-facsa-depuradora-aguas-residuales-mazarron-cnt-despido-readmision

Totana: La Junta de Gobierno Local adjudica el mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Santa

  • Para evitar la deficiente situación del sistema de tratamiento protagonizado por una contrata privada han elegido tropezar de nuevo y meter a Facsa.
    • Tanto Facsa como el PP de Totana ya saben lo que es sentarse en los banquillos por escándalos de corrupción
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La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa FACSA el mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Santa para evitar la deficiente situación del sistema de tratamiento de las aguas. Tal y como recoge el acta de la Junta de Gobierno, desde el 2009 se vio la necesidad de corregir el deficiente tratamiento de la depuración de aguas del entorno del santuario por lo que se realizó el proyecto de reforma.
Desde esa instancia, y tendiendo en cuenta lo que exige la Confederación Hidrográfica del Segura para el vertido de aguas residuales depuradas, se exigió a la empresa concesionaria de aguas el correcto mantenimiento de las instalaciones, sin obtener hasta ahora una respuesta adecuada al problema.
En relación con la propuesta, se notificará el acuerdo a Urbaser para que asuma los gastos generados al corresponderle la gestión y mantenimiento de la depuradora, ya que ante el incumplimiento reiterado ha sido necesario adjudicar dicho contrato menor.