Los magistrados Ruz y Ceres reciben nuevos informes sobre la trama corrupta
El dinero opaco de empresas acabó pagando mítines de Aguirre, Camps y Rajoy
Los documentos indican también que el importe de los servicios prestados por la trama a lo largo de 2008 en decenas de actos electorales del PP se eleva a 1,7 millones de euros. Sin embargo, la firma Orange Market solo cobró a la formación 612.322 euros, es decir, un poco más de la tercera parte.
En el caso de Madrid, la evaluación de la contabilidad de las sociedades de la trama topó con que la fundación Fundescam emitió a la red corrupta facturas de trabajos en los que “el cliente real era el Partido Popular”. Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados que acabaron financiando campañas electorales. La detección de este desvío de dinero cayó en saco roto ya que el posible delito había prescrito pero, ante las evidencias, el juez ordenó la revisión de las cuentas en 2007 y 2008, años en los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito.
Han pasado tres años desde que se inició la investigación de los manejos de la más extendida trama de corrupción, la red Gürtel. Respecto al PP valenciano, la policía, hasta ahora, había presentado informes que indican que una de las sociedades a las que se acusa de financiar ilegalmente al PP, Facsa, pagó al partido hasta 470.000 euros, a través de las firmas Orange Market y de Easy Concept, entre 2006 y 2007.
La investigación atribuye a otro de los empresarios imputados, Enrique Ortiz, el pago de 300.000 euros. Los últimos informes señalan que los pagos del resto de empresas acusadas de financiar ilegalmente al partido de los populares valencianos son Sedesa, con una aportación de 150.684 euros; Grupo Vallalba, con 199.520 euros, y Lubasa, con 110.200 euros.
A todas ellas hay que unir la sociedad Piaf, ahora en concurso de acreedores, que podría haber abonado 27.000 euros para gastos del Partido Popular. Sin embargo, a esta firma se le atribuye otra operación irregular de mayor calado ya que facturó al Ayuntamiento de Vila-real un total de 600.000 euros por trabajos que según los departamentos y funcionarios responsables de dichos departamentos para los que se trabajó, no se realizaron. Esta empresa, además, fue concesionaria del Ayuntamiento de Castellón, al que facturó, durante siete años, 19 millones de euros por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado.
Entre los primeros informes remitidos a los jueces, figuraba uno de los elaborados por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía que indica que estas sociedades lograron cerca de 800 millones de euros en contratos solo del Gobierno valenciano que presidía el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas.
Así cualquiera, claro que ese dinero ya lo han recuperado con creces en los contratos de servicio de aguas y depuración. Al final resulta que quienes de verdad pagamos esos actos no fueron ni Facsa ni las otras empresas, sino los de siempre, es decir nosotros, la gente de a pie, en nuestros recibos del agua y los impuestos que mantienen otros servicios públicos. Y luego escatiman hasta el último céntimo con sus trabajadores.
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