Cuatro meses de juicios por 10,66 euros
Una factura de compra de material por importe de 10,66
euros ha desembocado en el despido «improcedente» de dos trabajadores de
la empresa mixta de Aguas de Langreo. Así lo afirmó ayer la abogada de
los operarios, María Jesús Alonso Manzano, quien sospecha que pueden existir otros motivos de fond. En este sentido, la defensora de
Sergio Menéndez González y Marcelino Fernández Pérez explica que hay que
tener en cuenta consideraciones como que uno de los empleados era
miembro activo de la sección sindical mayoritaria y ejercía de enlace
entre la mesa negociadora del convenio colectivo y los trabajadores. Y
añade que, curiosamente, una vez despedidos, se firmó el acuerdo
laboral, que llevaba dos años enquistado.
Recuerda que el propio ordenamiento jurídico prevé el
despido disciplinario en caso de cometer los hechos imputados (sustraer
material de la empresa), pero no son ciertos. Si no, añade, la empresa no reconocería la improcedencia del despido, indemnizando a cada
operario con 10.000 euros.
El pasado 9 de noviembre se celebró en el Juzgado de lo
Social de Mieres la vista por el despido nulo de ambos trabajadores al
entender que se «han vulnerado sus derechos fundamentales». A expensas
de lo que dictamine el juez, la abogada estima que hay motivos
suficientes para que el Tribunal Supremo, conozca y evalúe en casación
la conducta de Aguas de Langreo al actuar vulnerando los derechos de los
operarios. Los hechos ocurrieron el día 30 de junio de este año,
cuando Aguas de Langreo les acusó de facturar a la entidad materiales
que eran para su uso particular. Sin embargo, según la letrada, los dos
trabajadores han acreditado que abonaron esos materiales con la
pertinente factura, que asciende a 10, 66 euros y con la firma del
responsable de la empresa donde se hizo la compra, que era para Aguas de
Langreo. La empresa continuó con el procedimiento legal, y el pasado 8
de julio, los empleados recibieron la denuncia. El procedimiento penal
fue sobreseído, y el 19 de agosto, Aguas de Langreo les despidió
asumiendo la improcedencia y depositando 20.000 euros de las arcas
públicas en el Juzgado de Mieres.
Después de varios recursos por ambas partes, los
trabajadores interpusieron ayer dos denuncias contra la empresa por
imputarles un delito que no cometieron.
Asimismo, María Jesús Alonso está valorando la
posibilidad de interponer una querella contra todo el consejo de
administración de la entidad por utilizar indebidamente el dinero
público: No podemos olvidar que el 51% de la sociedad corresponde al
Ayuntamiento de Langreo y el 49% restante, a Aqualia, por lo que, a su
entender, la compañía está utilizando una partida económica para cubrir
los costes de los juicios.
Fuente de la noticia: elcomercio.es
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