El Ministerio Público considera que no existen suficientes indicios de prevaricación en la adjudicación de contratos por la Epsar
El Ministerio Público considera que no existen suficientes indicios de prevaricación en la adjudicación de contratos por la Epsar
La Fiscalía de Valencia ha archivado la investigación
abierta sobre los procesos de contratación de la Epsar -entidad que
depende de la Generalitat- sobre el resto de depuradoras de la
Comunitat. Cada planta tiene dos contratos: uno de explotación y uno con
otra firma que controla la labor de la primera. El PSPV, a través de
una denuncia, puso en duda estas adjudicaciones y planteaba si las
irregularidades detectadas en la planta de Pinedo no se habrían
producido también en el resto de estaciones. La Comunitat cuenta con 460
divididas en seis zonas.
El Ministerio Público, un mes después de la denuncia
presentada por el partido socialista, ha decidido archivar las
diligencias, según confirmaron fuentes oficiales de la Fiscalía. Los
datos que aportaba el PSPV no llegan a constituir suficiente base que
permita continuar con las pesquisas por un supuesto delito de
prevaricación administrativa.
El escrito del PSPV establecía la existencia de vínculos
entre las empresas que ejercían el control y las que explotaban las
depuradoras. La fiscal encargada de estas diligencias -la misma que
lleva la instrucción de Emarsa- ha estudiado las supuestas
irregularidades denunciadas y no ha encontrado sospechas fundadas para
seguir con el proceso. Es más en alguno de los supuestos se denuncian
irregularidades que se están investigando actualmente en el juzgado de
Instrucción 15 de Valencia por el caso de la depuradora de Pinedo. Y es
allí donde se depurarán las responsabilidades si las hubiera.
Sólo en uno de los supuestos la fiscal pareció hallar
indicios más patentes de irregularidades. Fue en la empresa Aqualia
Servicio Integral del Agua que utilizó los servicios de la firma Zonday,
vinculada a Jorge Ignacio Roca Samper, uno de los empresarios fugados
por el caso de Pinedo.
Los estudios elaborados por la firma de Roca, que en
ningún caso tenía los medios necesarios para realizarlos, pudieron
servir para que Aqualia se presentara a los concursos de la Epsar para
lograr la gestión de depuradoras de la provincia de Valencia.
La Fiscalía solicitó a la Epsar la documentación acerca
de las convocatorias anteriores. Y la entidad, que hoy en día depende de
la Conselleria de Agricultura, informó de que la citada empresa,
además, no fue adjudicataria de ninguna de las explotaciones.
En definitiva, el escrito del PSPV carecía de suficientes indicios
fundados sobre las ilegalidades que denunciaba. Y la Fiscalía lo que no
puede hacer en ningún caso -se lo prohíbe la ley- es iniciar un
procedimiento sin indicios sólidos en busca de alguna irregularidad en
la gestión.
La imputación del ex gerente de la Epsar José Juan
Morenilla y del ex jefe de explotación, Ignacio Bernácer, por su
supuesta implicación en el expolio de la depuradora de Pinedo fue el
punto de partida para la denuncia del PSPV. Morenilla y Bernácer, junto
al ex vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, están
considerados los «ideólogos» del fraude en Emarsa, cuantificado ya en
25 millones. Esto dio alas al partido socialista para extender las
sospechas de Pinedo a toda la gestión de la Epsar. Sin embargo, les
faltaron las pruebas.
Mil preguntas sobre el precio de la evacuación de los fangos
El portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente del
grupo socialista en las Corts, Francesc Signes, ha presentado cerca de
1.000 preguntas dirigidas a la consellera de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua y presidenta del Consejo de Administración de la
Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat (Epsar), Maritina
Hernández, para averiguar el precio de la evacuación de fangos en las
460 estaciones depuradoras de la Comunitat Valenciana y la cantidad de
agua tratada en ellas.
En un comunicado, el socialdemócrata señaló que su intención
es conocer el precio al que la Generalitat está pagando la evacuación de
lodo destinado a aplicaciones agrícolas, compostaje, arena, basuras y
grasas de cada una de las depuradoras, ya que se trata de dinero
público que sale de la cuota de saneamiento que pagamos todos los
valencianos en el recibo del agua.
Signes recordó que la investigación judicial del caso
Emarsa ha demostrado que se creó una infraestructura para defraudar y
se ha llegado a pagar el triple de lo que valía el servicio de
evacuación de lodos.
Además, agregó que quienes durante la última década han
sido los máximos responsables de la Epsar, el gerente José Juan
Morenilla, y el jefe de explotaciones Ignacio Bernácer, están acusados
de nueve delitos de corrupción y de fraude en el saqueo de la depuradora
de Pinedo. Así, dado que Morenilla y Bernácer eran los responsables
de fijar los precios para el resto de depuradoras valencianas, el político señaló que todo el sistema está bajo sospecha.
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