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miércoles, 27 de junio de 2012

Facsa leerá los contadores del agua en Logroño


La unión Temporal de  empresas formada por la  eléctrica logroñesa Imel y la castellonense Facsa ha resultado adjudicataria del concurso municipal de Logroño para la lectura y reparación de contadores de consumo de agua; tanto de uso doméstico, industrial, para redes de incendios y otros servicios.
  
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Desconocemos las prácticas en materia laboral de Imel, pero ya sabemos de la catadura moral de sus compañeros de viaje, la empresa mafiosa Facsa, expertos en saquear depuradoras públicas de aguas residuales, que utiliza el terror al despido como medio de presión a sus obreros de la depuradora de Mazarrón, que practica la represión antisindical contra la cnt en la misma planta, que se abre paso en el negocio de la gestión privada del ciclo integral del agua con unos métodos que les han llevado al banquillo repetidas veces por los mayores escándalos de corrupción

El ayuntamiento de Logroño ha dado así un paso hacia la privatización del servicio municipal de aguas y la depuración, que ha dado pésimos resultados donde se aplica. Según el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, esta medida permitirá un ahorro de 160.000 euros al año. Lo que no ha explicado el concejal es de dónde salen esos  de miles de euros que pretende ahorrar. ¿Cómo se come eso? ¿El ayuntamiento gasta menos y Facsa obtiene beneficios, realizando la misma labor?. La experiencia dice que sucede lo contrario.
  Y si no al tiempo. Nuestros mejores deseos para los trabajadores de Facsa en Logroño, y si quieren luchar ya saben dónde estamos.

martes, 26 de junio de 2012

Vecinos de Marratxí (Mallorca) recogen firmas contra la subida del agua por parte de Facsa

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Vecinos afectados por Facsa antes de hacer entrega de las firmas
Foto: Miquel Bosch, diariodemallorca.es
MIQUEL BOSCH Vecinos del llamado segundo distrito de Marratxí, que abarca los núcleos de es Pont d´Inca, es Pla de na Tesa, es Figueral, Son Ramonell, cas Capità, cas Carbonell, ses Cases Noves y es Pont d´Inca Nou, entre otros, presentaron ayer un listado con 1.170 firmas contra la subida del agua potable aprobada por el Ayuntamiento a favor de Facsa

Tras la modificación, el consumo mínimo de agua pasa de los 0,49 euros a los 0,68 euros por metro cúbico para consumos mensuales de hasta doce toneladas, lo que representa un aumento del 38%.

Las alegaciones presentadas por los vecinos se basan en tres argumentos. El primero es que consideran que el aumento es totalmente desproporcionado con respecto a los precios anteriores. El segundo argumento usado por los vecinos es la falta de explicaciones recibidas como clientes del servicio, mientras que la tercera queja vecinal se refiere a la situación de inseguridad económica que genera esta variación del servicio.

Los representantes de la asociación de vecinos de es Pla de na Tesa manifestaron su malestar con el Consistorio, ya que el 16 de mayo solicitaron una reunión con los representantes municipales para debatir esta cuestión. Días después la secretaria del alcalde confirmó la asistencia de dos representantes del Ayuntamiento para el día 24 a las ocho de la noche en la biblioteca pública. Los representantes municipales debían informar sobre el aumento de las tarifas y la gestión del agua en es Pla de na Tesa. La asociación convocó a los vecinos para el acto, pero el día antes el Ayuntamiento informó que los dos representantes no asistirían a la reunión y que el Consistorio ya daría la información oportuna.

Hacienda y la policía acreditan ante dos jueces la financiación ilegal del PP, por Facsa y otras empresas castellonenses


Los magistrados Ruz y Ceres reciben nuevos informes sobre la trama corrupta

El dinero opaco de empresas acabó pagando mítines de Aguirre, Camps y Rajoy




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Los documentos indican también que el importe de los servicios prestados por la trama a lo largo de 2008 en decenas de actos electorales del PP se eleva a 1,7 millones de euros. Sin embargo, la firma Orange Market solo cobró a la formación 612.322 euros, es decir, un poco más de la tercera parte.
En el caso de Madrid, la evaluación de la contabilidad de las sociedades de la trama topó con que la fundación Fundescam emitió a la red corrupta facturas de trabajos en los que “el cliente real era el Partido Popular”. Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados que acabaron financiando campañas electorales. La detección de este desvío de dinero cayó en saco roto ya que el posible delito había prescrito pero, ante las evidencias, el juez ordenó la revisión de las cuentas en 2007 y 2008, años en los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito.
Han pasado tres años desde que se inició la investigación de los manejos de la más extendida trama de corrupción, la red Gürtel. Respecto al PP valenciano, la policía, hasta ahora, había presentado informes que indican que una de las sociedades a las que se acusa de financiar ilegalmente al PP, Facsa, pagó al partido hasta 470.000 euros, a través de las firmas Orange Market y de Easy Concept, entre 2006 y 2007.
La investigación atribuye a otro de los empresarios imputados, Enrique Ortiz, el pago de 300.000 euros. Los últimos informes señalan que los pagos del resto de empresas acusadas de financiar ilegalmente al partido de los populares valencianos son Sedesa, con una aportación de 150.684 euros; Grupo Vallalba, con 199.520 euros, y Lubasa, con 110.200 euros.
A todas ellas hay que unir la sociedad Piaf, ahora en concurso de acreedores, que podría haber abonado 27.000 euros para gastos del Partido Popular. Sin embargo, a esta firma se le atribuye otra operación irregular de mayor calado ya que facturó al Ayuntamiento de Vila-real un total de 600.000 euros por trabajos que según los departamentos y funcionarios responsables de dichos departamentos para los que se trabajó, no se realizaron. Esta empresa, además, fue concesionaria del Ayuntamiento de Castellón, al que facturó, durante siete años, 19 millones de euros por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado.
Entre los primeros informes remitidos a los jueces, figuraba uno de los elaborados por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía que indica que estas sociedades lograron cerca de 800 millones de euros en contratos solo del Gobierno valenciano que presidía el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas.
Así cualquiera, claro que ese dinero ya lo han recuperado con creces en los contratos de servicio de aguas y depuración. Al final resulta que quienes de verdad pagamos esos actos no fueron ni Facsa ni las otras empresas, sino los de siempre, es decir nosotros, la gente de a pie, en nuestros recibos del agua y los impuestos que mantienen otros servicios públicos. Y luego escatiman hasta el último céntimo con sus trabajadores. 

lunes, 25 de junio de 2012

Villamartín, Cádiz: Un juez obliga a devolver a Aqualia el servicio del agua


El pasado 9 de marzo el equipo de Gobierno del PA (Partido Andalucista) trató de devolver el servicio del agua a Aqualia, pero la oposición no lo permitió. Ahora la situación ha cambiado ya que, a instancias de la empresa, el juez que dictó sentencia en contra del Ayuntamiento de Villamartín ha emitido un auto aclaratorio en el que obliga a la devolución del servicio y a que se indemnice a Aqualia por los ocho años que ha dejado de prestarlo.
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Aqualia destruye
Para entender el conflicto del agua hay que remontarse a 2004, cuando el Ayuntamiento de Villamartín, gobernado por el PSOE, decidió retirar la encomienda del servicio a la citada empresa. Aqualia acudió entonces a la Justicia y años después ésta le dio la razón, obligando al Ayuntamiento a indemnizarla. En nuevo Gobierno local, encabezado por Juan Luis Morales (PA), trató de sacar adelante un acuerdo con la empresa para devolver la gestión del servicio e incluso ampliar la vinculación con la empresa para evitar pagar la indemnización, que entienden que podría ser superior a 4 millones de euros. PSOE, PP e IU se opusieron a y se mostraron partidarios de buscar una solución junto a la empresa pública Aguas Sierra de Cádiz, dependiente de Mancomunidad, que es quien ahora presta el servicio.
Aqualia, que se había quedado al margen de esta última decisión política, entendió que se estaban perjudicando sus intereses y pidió al juzgado un auto aclaratorio que ha recibido el Ayuntamiento en los últimos días. En el mismo se vuelve a reconocer que la retirada del servicio no se hizo de forma adecuada y pide que el mismo se devuelva a la empresa. Además, el Ayuntamiento tendrá que indemnizar por los 8 años que han estado sin prestar el servicio, por lo que fuentes cercanas al Gobierno local no descartan que se pudiera volver a alcanzar un acuerdo con el fin de tratar de evitar esa indemnización que el Ayuntamiento no podría afrontar. Esta situación, además, también podría poner en el aire el futuro de la empresa pública Aguas Sierra de Cádiz, ya que la misma presenta también una situación económica delicada y Villamartín es la localidad más importante donde presta servicio.
Fuente: lavozdigital.es

Aqualia que como sabemos actúa sin un asomo de ética, por mucho que presume de Responsabilidad Social corporativa, deja a este pueblo en la ruina, y con el servicio de aguas en sus manos, que es lo peor. Hay jueces que podían tener la boca cerrada más a menudo, para no cometer injusticias tan despreciables como esta, ya lo dice el refrán: por la boca muere el juez. Y éste calladito estaría mas guapo, o menos feo, lo que sea. Ánimo gente, que al final ganaremos nosotros, y seremos dueñas de nuestra agua.

sábado, 23 de junio de 2012

Aqualia y Facsa Mazarrón: Despedido por mi actividad sindical.

artículo publicado originalmente en abusospatronales.es

Lo reproducimos aquí porque nos parece un completo resumen de lo que está pasando en la depuradora.


El comienzo de mi despido se remonta a septiembre de 2010, cuando me negaron reincorporarme a mi puesto en la depuradora de aguas residuales de Mazarrón, Murcia, tras una excedencia de la que hablaré más adelante. Pero primero me gustaría situar al lector en el ambiente que rodea esta triste historia:
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EDAR de Mazarrón
Como bien sabemos en la CNT, el grupo empresarial de Esther Koplowitz, FCC, (propietario a su vez de Aqualia) ya ha protagonizado mas episodios de persecución contra la actividad de la Anarcosindical en sus empresas. En Zaragoza han tenido que readmitir a dos delegados sindicales por despido nulo. También su filial Flightcare  ha  intentado sin éxito impedir la lucha sindical de nuestros compañeros de Barcelona. En cuanto a Facsa, diremos que es también filial de otra constructora, el Grupo Gimeno, de Castellón. Facsa ha ido poco a poco abriéndose su hueco en esto de las contratas del agua privatizada, comenzando por Levante donde domina casi todo y llegando cada vez más lejos, con contratos en Aragón, Rioja, incluso  Toledo capital.  En cuanto a su actividad antisindical no teníamos noticias, hasta ahora, pero entre los trabajadores de la planta ya lo ha hecho saber la propia empresa, donde reconoce sin tapujos que  sigo en la calle por mi militancia sindical.
Lo cierto es que yo tampoco había sido especialmente combativo en el trabajo, no había sección sindical, aunque con frecuencia intenté con mis compañeros de trabajo hablar de la CNT y de nuestra forma de luchar, y de lo interesante que sería que se afiliaran y montar la sección, pero sin éxito. Sí que hubo bastante tensión en algunos momentos en materia de seguridad, al negarme a realizar determinadas tareas en condiciones de toxicidad por gases, ya que el sulfídrico en muchas ocasiones superaba los límites legales multiplicando su concentración por 10 ó mas, algo que puede llegar a ser mortal. Aun así, en esos casos, mi actitud era dialogante y de buscar soluciones, no de enfrentamiento.  Visto el panorama, decidí pedir un año y medio de excedencia,  para probar suerte fuera, pero la crisis ya estaba en pleno apogeo y no conseguí un trabajo estable, por lo que informé a Aqualia de mi intención de reincorporarme lo antes posible. Aqualia estaba terminando su contrato de gestión de la depuradora, y dada su pésima actuación no tenía muchas posibilidades de renovar, por lo que no quería delante a un sindicalista que podía entorpecer su vergonzante retirada. Contestaron que de momento no era posible, que mi puesto estaba amortizado (eso significa que aunque mi plaza no la ocupaba nadie se apañaban con uno menos). Entonces mi sindicato intervino abiertamente, enviando escritos a la empresa y a las administraciones responsables de esta situación: Ayuntamiento, Consejería de agricultura y Aguas, Esamur (Entidad regional de saneamiento y depuración). Cuando llegó la subasta de la depuradora, Aqualia perdió -como era de esperar- y entró Facsa, a la que tanto yo como el Sindicato informamos de la situación e invitamos a solucionarlo cuanto antes. En este traspaso de empresas, Aqualia despidió también a la analista de la planta, a otro trabajador ya retirado por razones de salud, al jefe de planta y a otro obrero de otra instalación, intentando así ahorrarse la indemnización de éste último.

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Puerto de Mazarrón, verano 2011
Facsa ha readmitido a la analista, el otro currante ha vuelto a Aqualia, y el que estaba jubilado naturalmente sigue como está, es decir que el único obrero que sigue en la calle soy yo. El jefe de planta es otro caso, ya que como jefe no se subroga, es personal de la empresa y no de la planta, es en parte culpable de esta situación (y así se lo agradecen...Roma no paga traidores) aunque está negociando para acabar sus días en el ayuntamiento. (Después de publicarse este artículo hemos descubierto que el jefe en cuestión también ha sido readmitido por Aqualia) Este hecho ha calado hondo entre los demás trabajadores de la planta, que comentan entre ellos que si el compañero no trabaja en la depuradora es por meterse en líos de manifestaciones, carteles etc... Se celebró un juicio y el testigo que llevé (ex compañero de trabajo, sindicalista de UGT y actual concejal de servicios urbanos), llegado el momento declaró en mi contra, para sorpresa de casi todos, incluido el juez, que no daba crédito a lo que estaba oyendo. Después me enteré de que, además de la relación que tiene con las dos empresas por su cargo en el ayuntamiento, había conseguido meter a su hijo a trabajar en Aqualia. Con este ¿impagable? testimonio, el juez sentenció que no estaba probada la represión antisindical, y que tampoco me habían despedido, sino que continuaba en espera de que la empresa tuviera una vacante disponible, de similar categoría a la mía, plaza para la que yo conservaría un derecho preferente. Facsa se mostró de acuerdo, y se comprometió a hacerlo, pero cuando tuvo necesidad de un nuevo trabajador contrató a otro, como era de esperar. Nueva denuncia y a la espera de juicio. A pesar de que se lo hemos preguntado formalmente, no han querido explicar por qué han incumplido su palabra. Así hemos llegado hasta ahora. Cuento con el incondicional apoyo de mi sindicato, que ha demostrado su solidaridad a lo largo de todo el país, concentrándose a las puertas de las empresas, pegando carteles, convocando manifestaciones, repartiendo panfletos, intentando negociar con las dos empresas una salida justa, que no es otra que mi readmisión. El ayuntamiento me dice a mí una cosa pero luego hace otra, tienen miedo de que  las empresas  les consideren su enemigo, mientras que la suerte de una familia del pueblo no les dice nada, ni la falta de libertad en el seno de una instalación pública como es la depuradora de aguas residuales.aqualia-facsa-depuradora-aguas-residuales-mazarron-cnt-despido-readmision

Totana: La Junta de Gobierno Local adjudica el mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Santa

  • Para evitar la deficiente situación del sistema de tratamiento protagonizado por una contrata privada han elegido tropezar de nuevo y meter a Facsa.
    • Tanto Facsa como el PP de Totana ya saben lo que es sentarse en los banquillos por escándalos de corrupción
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La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa FACSA el mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Santa para evitar la deficiente situación del sistema de tratamiento de las aguas. Tal y como recoge el acta de la Junta de Gobierno, desde el 2009 se vio la necesidad de corregir el deficiente tratamiento de la depuración de aguas del entorno del santuario por lo que se realizó el proyecto de reforma.
Desde esa instancia, y tendiendo en cuenta lo que exige la Confederación Hidrográfica del Segura para el vertido de aguas residuales depuradas, se exigió a la empresa concesionaria de aguas el correcto mantenimiento de las instalaciones, sin obtener hasta ahora una respuesta adecuada al problema.
En relación con la propuesta, se notificará el acuerdo a Urbaser para que asuma los gastos generados al corresponderle la gestión y mantenimiento de la depuradora, ya que ante el incumplimiento reiterado ha sido necesario adjudicar dicho contrato menor.

La Fiscalía archiva la denuncia contra la gestión de 460 depuradoras

  • El Ministerio Público considera que no existen suficientes indicios de prevaricación en la adjudicación de contratos por la Epsar



Fuente: laverdad.es

aqualia-facsa-epsar-depuradora-contratosLa Fiscalía de Valencia ha archivado la investigación abierta sobre los procesos de contratación de la Epsar -entidad que depende de la Generalitat- sobre el resto de depuradoras de la Comunitat. Cada planta tiene dos contratos: uno de explotación y uno con otra firma que controla la labor de la primera. El PSPV, a través de una denuncia, puso en duda estas adjudicaciones y planteaba si las irregularidades detectadas en la planta de Pinedo no se habrían producido también en el resto de estaciones. La Comunitat cuenta con 460 divididas en seis zonas.
El Ministerio Público, un mes después de la denuncia presentada por el partido socialista, ha decidido archivar las diligencias, según confirmaron fuentes oficiales de la Fiscalía. Los datos que aportaba el PSPV no llegan a constituir suficiente base que permita continuar con las pesquisas por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
El escrito del PSPV establecía la existencia de vínculos entre las empresas que ejercían el control y las que explotaban las depuradoras. La fiscal encargada de estas diligencias -la misma que lleva la instrucción de Emarsa- ha estudiado las supuestas irregularidades denunciadas y no ha encontrado sospechas fundadas para seguir con el proceso. Es más en alguno de los supuestos se denuncian irregularidades que se están investigando actualmente en el juzgado de Instrucción 15 de Valencia por el caso de la depuradora de Pinedo. Y es allí donde se depurarán las responsabilidades si las hubiera.
Sólo en uno de los supuestos la fiscal pareció hallar indicios más patentes de irregularidades. Fue en la empresa Aqualia Servicio Integral del Agua que utilizó los servicios de la firma Zonday, vinculada a Jorge Ignacio Roca Samper, uno de los empresarios fugados por el caso de Pinedo.
Los estudios elaborados por la firma de Roca, que en ningún caso tenía los medios necesarios para realizarlos, pudieron servir para que Aqualia se presentara a los concursos de la Epsar para lograr la gestión de depuradoras de la provincia de Valencia.
La Fiscalía solicitó a la Epsar la documentación acerca de las convocatorias anteriores. Y la entidad, que hoy en día depende de la Conselleria de Agricultura, informó de que la citada empresa, además, no fue adjudicataria de ninguna de las explotaciones.
En definitiva, el escrito del PSPV carecía de suficientes indicios fundados sobre las ilegalidades que denunciaba. Y la Fiscalía lo que no puede hacer en ningún caso -se lo prohíbe la ley- es iniciar un procedimiento sin indicios sólidos en busca de alguna irregularidad en la gestión.
depuradora-pinedo-aqualia-morenilla-aguas-residuales-corrupcion-facsaLa imputación del ex gerente de la Epsar José Juan Morenilla y del ex jefe de explotación, Ignacio Bernácer, por su supuesta implicación en el expolio de la depuradora de Pinedo fue el punto de partida para la denuncia del PSPV. Morenilla y Bernácer, junto al ex vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, están considerados los «ideólogos» del fraude en Emarsa, cuantificado ya en 25 millones. Esto dio alas al partido socialista para extender las sospechas de Pinedo a toda la gestión de la Epsar. Sin embargo, les faltaron las pruebas.
   Mil preguntas sobre el precio de la evacuación de los fangos
El portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente del grupo socialista en las Corts, Francesc Signes, ha presentado cerca de 1.000 preguntas dirigidas a la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y presidenta del Consejo de Administración de la Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat (Epsar), Maritina Hernández, para averiguar el precio de la evacuación de fangos en las 460 estaciones depuradoras de la Comunitat Valenciana y la cantidad de agua tratada en ellas.
En un comunicado, el socialdemócrata señaló que su intención es conocer el precio al que la Generalitat está pagando la evacuación de lodo destinado a aplicaciones agrícolas, compostaje, arena, basuras y grasas de cada una de las depuradoras, ya que se trata de dinero público que sale de la cuota de saneamiento que pagamos todos los valencianos en el recibo del agua.
Signes recordó que la investigación judicial del caso Emarsa ha demostrado que se creó una infraestructura para defraudar y se ha llegado a pagar el triple de lo que valía el servicio de evacuación de lodos.
Además, agregó que quienes durante la última década han sido los máximos responsables de la Epsar, el gerente José Juan Morenilla, y el jefe de explotaciones Ignacio Bernácer, están acusados de nueve delitos de corrupción y de fraude en el saqueo de la depuradora de Pinedo. Así, dado que Morenilla y Bernácer eran los responsables de fijar los precios para el resto de depuradoras valencianas, el político señaló que todo el sistema está bajo sospecha.

miércoles, 20 de junio de 2012

El TSJA obliga a Aqualia a indemnizar o readmitir a los trabajadores de Giahsa, según Ayuntamiento de Moguer


El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido un dictamen por el que se obliga a la empresa Aqualia, nueva concesionaria del servicio de agua en Moguer (Huelva), a indemnizar o readmitir a los trabajadores de la anterior empresa adjudicataria, Giahsa, que no fueron transferidos a Aqualia cuando se produjo el cambio de titularidad en la gestión del ciclo integral del agua en el municipio, según ha informado el Consistorio en una nota.
   De este modo, señala que durante el proceso de privatización del servicio de agua los trabajadores de Giahsa manifestaron durante varios días en la plaza del Cabildo su protesta por no ser subrogados a la nueva empresa e incorporados el servicio, al considerar el Ayuntamiento que no se estaba obligado a ello al carecer estos trabajadores según su opinión, de una adscripción geográfica clara en el municipio como establece la Ley para este tipo de procesos.
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Aqualia explota a sus trabajadores reduciendo al mínimo su plantilla
   Así, destaca que al estimar que se trataba de una decisión lesiva para sus intereses, los trabajadores afectados apelaron ante el TSJA que ahora ha emitido una sentencia que considera que efectivamente existía una adscripción geográfica de los trabajadores de Giahsa que prestaban servicio con anterioridad en el municipio de Moguer y en su núcleo costero de Mazagón, obligando por tanto a la nueva concesionaria Aqualia a readmitirlos en sus puestos de trabajo o a indemnizarlos por despido improcedente.
   Tras conocer esta resolución del TSJA, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar (PSOE), ha manifestado su preocupación porque al final se está comprobando que todo el proceso de privatización del agua en Moguer que realizaron el ex alcalde, Juan José Volante, y su ayudante, Álvaro Burgos, estuvo lleno de irregularidades, de errores y de  engaños, que ahora salen a la luz.
   El primer mandatario local recuerda que desde que Aqualia sustituyó a Giahsa, los vecinos de Moguer y Mazagón han sufrido un evidente deterioro en la calidad del servicio, errores continuos en las facturaciones con las consiguientes molestias para los usuarios, y además, se nos exige una brutal subida de tasas que no podemos aceptar.
   Cuéllar ha sido también crítico con Aqualia al recordar que la nueva concesionaria está realizando al Ayuntamiento una presión inaceptable al pretender que éste asuma además el pago de varios conceptos de gastos variables del propio presupuesto de la empresa, entre ellos, la amortización financiera del canon inicial de seis millones de euros que la misma Aqualia pagó en su día al Ayuntamiento para hacerse con la concesión del servicio, y ahora también se pretende hacer repercutir sobre los ciudadanos el importe de los despidos de estos trabajadores de Giahsa a los que el TSJA da ahora la razón.
   A su juicio, cuanto más se analizan las condiciones de adjudicación del servicio a Aqualia y del contrato de concesión firmado por Volante, más se confirma la opinión inicial de que todo el proceso ha sido un verdadero fraude para Moguer y los moguereños.
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Despedido, Vicente Cutanda

Fuente: europa press

De momento el alcalde de Moguer está dando caña a estos explotadores a través de las  palabras, hace falta que pase a los hechos y los eche del pueblo, ya que él mismo declara que la calidad del servicio se ha deteriorado. Mientras, en Mazarrón seguimos esperando, a ver si el ayuntamiento dice algo de los problemas de aqualia que son una verdadera lacra para nuestro pueblo: despidos, mal servicio, precariedad, abusos en los recibos del agua, abandono de la red de suministro y alcantarillado, es decir la firma de la casa Aqualia que va dejando amargo recuerdo por donde va pasando. 

La Línea, Cádiz: Acusan a Aqualia de obtener beneficios de la tasa de alcantarillado


  • Los vecinos del distrito cuatro del Consejo de Participación Ciudadana quieren debatirlo

REDACCIÓN / LA LÍNEA | 

La junta del distrito cuatro del municipio del Consejo de Participación Ciudadana acusa a Aqualia de cobrar beneficios de la tasa de alcantarillado indicando en los recibos a cada linense la cantidad que el parece bien y no la legalmente estipulada. Algo que es ilegal. Por ello solicita la inclusión en el orden del día de la próxima reunión el debate sobre esta tasa.

Añadieron que la mayoría de los vecinos están obligados al pago del tramo máximo previsto (340,32 euros), y que el sistema de aplicación discrecional de la tasa permite a la concesionaria hacer una subida encubierta sin tener que presentar un expediente de revisión.
Leído en: europasur.es 

lunes, 18 de junio de 2012

Entrevista a Tomasso Fattori, activista antiprivatización del agua italiano

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El problema del agua exige un pensamiento universal

Fattori es uno de los fundadores del movimiento que se opuso a la privatización del suministro del agua en Italia. En esta entrevista realizada en Donostia, advierte de que procesos similares se pueden dar en otros países y aboga por un modelo más participativo de la gestión hídrica
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Tomasso Fattori, en el parque de Cristina Enea, durante la entrevista. (Foto: ainara garcia)

Donostia. Fattori ofreció recientemente una charla en el centro Cristina Enea, en el marco de las jornadas Hidrologikak.
¿Se puede privatizar el agua?
El agua es un bien común y los privatizadores no dicen que van a privatizar el agua, la lluvia o los ríos. Privatizan los servicios públicos unidos a este bien. Pero como hoy día no vamos al río a por agua, se pueden privatizar otros aspectos como la potabilización, el suministro, etc.
¿Qué desventajas tienen los modelos privados?
Plantean muchísimos problemas. Las tarifas aumentan, porque también deben generar beneficios económicos. Las inversiones reales en las infraestructuras se cortan para optimizar las ganancias, porque en general las instalaciones son públicas y las empresas prefieren no gastar mucho cuando saben que tienen una licencia de 25 años. También se da una introducción del trabajo precario, porque los contratos se externalizan.
¿Qué implicaciones ambientales lleva consigo todo esto?
No hay tutela del bien de la naturaleza, porque el capital privado quiere ganar más dinero y el agua se convierte en mercancía. Cuanta más mercancía vendas, mejor. Esto va en contra de garantizar la calidad del agua y su suministro.
Usted es uno de los fundadores del Foro Italiano del Movimiento por el Agua. ¿Cómo surgió?
El Forum se creó en 2006 y, un año más tarde, habíamos escrito una iniciativa legislativa popular sobre este tema, porque pensamos que los movimientos sociales, más allá de la denuncia, también deben realizar propuestas. La nuestra iba más allá de reconocer el agua como bien público, sino que pedíamos un modelo participado por la sociedad.
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Aquella propuesta no prosperó.
Conseguimos 500.000 firmas de apoyo, uno de los récords de iniciativas de este tipo en Italia. Pero con la llegada al poder de Berlusconi, la ley se quedó apartada en los cajones del Parlamento. Hasta que Berlusconi presentó un proyecto de ley que obligaba a los municipios a privatizar parte del servicio público del agua.
¿Cómo consiguieron parar los planes del Gobierno?
Empezamos a recoger firmas para hacer un referéndum contra la ley, una medida que posibilita la Constitución italiana. Teníamos que recoger 500.000 firmas con su respectiva documentación y llegamos a los 1,4 millones. ¡Un récord absoluto para un referéndum! El quórum necesario de la votación era del 50% de los italianos y también lo conseguimos. El 96% dijo que no a la privatización y a los beneficios privados en el manejo del agua.
¿Por qué siguen vigentes su reivindicaciones?
Ahora, en un momento de crisis, el gran capital busca áreas de inversión económica segura donde hacer beneficios parasitarios. Es el caso del agua, porque los ciudadanos no pueden vivir sin ella; si tienes menos dinero puedes dejar de comprar un nuevo móvil pero tienes que seguir tomando agua. En este momento hay una presión muy grande de las multinacionales -las dos más grandes son de Francia, Veolia y Suez- por entrar en la gestión de estos servicios públicos.
Con otras organizaciones, han creado recientemente la Red Europea de Defensa del Agua Común. ¿En qué países hay riesgo de privatización?
En muchos países de Europa, también en España. En Francia el suministro está privatizado desde hace muchos años, pero últimamente vemos decisiones contrarias. Por ejemplo, París ha remunicipalizado todo el servicio del agua y han prescindido de las empresas privadas. Ahora el modelo es muy bueno, con la participación popular; se están ahorrando 30 millones de euros cada año, que se invierten de nuevo en el servicio. Ha pasado lo mismo en Grenoble, así como en Nápoles (Italia).
¿Y en España?
En países como Bélgica, Holanda o Suiza, el suministro es público en todo el país. En otros como en España, Italia y Alemania es mixto. En algunas ciudades la gestión es privada y en otras es pública con participación ciudadana. Sevilla es uno de estos últimos, con un modelo participativo y muy eficaz socialmente.
¿Existe agua suficiente hoy día para garantizar el suministro para los ciudadanos?
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Sí porque técnicamente el agua es una fuente inagotable, porque está en un ciclo cerrado. El agua no se va al espacio. Pero también puede ser finito porque la estamos contaminando y disminuye la cantidad de agua disponible para los usos humanos... Estamos saqueando del suelo, los acuíferos... No estamos respetando el ciclo del agua. Tenemos que cambiar de modelo.
Una razón más para cambiar el rumbo de la sociedad.
Pensar en otro modelo de hacer agricultura, porque no puede ser el modelo industrial de los grandes cultivos para la exportación. Se trabaja mucho el tema de la soberanía alimentaria, una producción más local y sostenible. También la industria no se puede basar en la obsolescencia programada, porque de esta manera se producen productos industriales con un gran costo de agua. Debemos cambiar el modelo industrial, los productos deben durar más, reducir la cantidad de materia física... El agua se conecta con la idea de qué futuro queremos. Hoy día, el mundo de las finanzas es el tótem y el resto gira alrededor. ¿No debería ser la vida y el medio ambiente lo más importante?
¿Qué diría a quien piensa que Euskadi no es parte del problema porque no hay problemas de suministro?
He oído decir que existen grandes obras proyectadas. El ciclo del agua es muy complicado. Hay que cuidarlo, porque no es solo la cantidad, sino también la calidad. En Italia, unas obras de TAV en un área con mucha agua (Toscana), ahora es un desastre, porque se destruyeron los ríos subterráneos y hay áreas que se secaron. También es necesario tener un pensamiento universal, porque el agua es un bien común de la humanidad. Hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable y la privatización que los países del Norte impulsan en el Sur es uno de los motivos por los 25.000 personas mueren al día por no tener acceso al agua.

Entrevista realizada y publicada por: noticiasdegipuzkoa.com

Lo que sucede cuando el agua es una mercancía: Cortan el agua a varios damnificados del terremoto de Lorca realojados en casas prefabricadas


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La compañía de Aguas de Lorca ha interrumpido por impago el suministro de agua a varias de las familias damnificadas por los terremotos de 2011 que viven realojadas en casas prefabricadas cedidas por la Cruz Roja, después de que fueran derribadas sus viviendas del barrio de San Fernando.
Los vecinos dicen que no pueden hacer frente a facturas de agua que rondan los 500 euros, mientras que el Ayuntamiento de Lorca los acusa de haber impedido a los operarios de la compañía tomar la lectura de los contadores de forma reiterada, por lo que las facturas suponen el coste acumulado de varios meses de prestación de servicio impagado.
 
De las 13 familias que viven en el poblado de casas prefabricadas, cinco se quedaron ayer sin suministro de agua tras el precinto de los contadores y temen un corte de luz para los próximos días.
 
 
Los afectados, la mayor parte de ellos en paro y con escasos recursos económicos, afirman que no pueden pagar el importe de los recibos y además seguir haciendo frente al pago de las hipotecas de sus antiguas casas derribadas.

 
Las lecturas son alucinantes y no tenemos dinero, han añadido, mientras que Francisco Cortes, padre de una niña de nueve meses y un niño de dos años cobra 426 euros de la ayuda familiar que componen sus únicos recursos económicos y que se van en comprar potitos y pañales, afirma.
 
Antonia García, otra de las habitantes del poblado, asegura que tienen el mismo problema con el servicio de agua, que suministra la empresa Aguas de Lorca, que también ha girado este mes recibos que superan los 150 euros, que los vecinos tampoco han pagado, por lo que esperan la interrupción del servicio en las próximas horas.
 

Ruiz ha explicado que cuando el consistorio tuvo conocimiento de la emisión de recibos por un importe tan elevado consultó con las suministradoras, que alegan que durante meses se les ha impedido tomar lectura de los contadores, por lo que los vecinos han estado recibiendo recibos por el importe mínimo de consumo por contrato durante ese período.
 

En las viviendas modulares viven 60 de los vecinos del barrio de San Fernando desde octubre, después de que en agosto de 2011 sus edificios fueran derribados por problemas estructurales irreversibles a consecuencia de los terremotos y tras cinco meses residiendo en un campamento improvisado en una pista deportiva.
 
Fuente: EFE
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Eso nos pasa por dejar algo fundamental para la vida como el agua en manos de capitalistas que quieren chuparnos la sangre. Luego se les llena la boca con la solidaridad, y todos somos lorca, y agua para todos, y se hacen fotos emocionados mientras declaran que las familias con dificultades les quitan el sueño...panda de hipócritas miserables 

viernes, 15 de junio de 2012

El caso Scala, en las jornadas libertarias de El Pilar de la Horadada

La CNT-ait del Pilar de la Horadada está realizando unas jornadas libertarias (pincha el enlace para más info) y en medio de éstas estaba prevista una charla sobre la apostasía, prevista para este sábado 16. Ha habido cambio de planes y desde el SOV del Pilar nos mandan esta nota:

La charla del próximo sábado sobre la apostasía, será sustituida por la explicación del proceso judicial desatado a raíz de un incendio provocado en la sala de fiestas Scala de Barcelona el 15 de enero de 1978 que resultó con la muerte de cuatro personas y en el que se intentó inculpar a las organizaciones anarquistas CNT y FAI.
caso-scala-cntDespués de 30 años de uno de los acontecimientos más importantes de la llamada transición, Xabier Cañadas Gascón, que pasó 8 años en prisión por el incendio del Scala, reúne toda la información y también todas las dudas existentes en torno al caso. El 15 de enero de 1978, a las 13:15 horas, un incendio de grandes dimensiones destruye la sala de fiestas Scala de Barcelona, provocando la muerte de cuatro trabajadores. En 48 horas son localizados los presuntos autores del atentado por parte de la Policía, identificados de entre los 10.000 manifestantes que acababan de participar en la manifestación convocada por CNT contra los Pactos de la Moncloa. Estos Pactos —firmados por el PSOE y el PCE en octubre de 1977, con el beneplácito de UGT y CC. OO.—– iban a marcar un antes y un después en la capacidad de la clase trabajadora española para hacer frente a la flexibilización y precarización capitalista del mercado de trabajo que necesitaba la reforma económica neoliberal.
Xavier Cañadas, militante de la CNT en aquellos momentos, fue una de las cinco personas encausadas y condenadas por el llamado Caso Scala, lo que le supuso pasarse ocho años en prisión. En su relato explica cuál fue la participación y responsabilidad real en los hechos de las personas condenadas; cómo transcurrió el juicio plagado de irregularidades; y cómo se fraguó la destrucción del Scala y el montaje policial, vertebrado en torno a la figura del confidente policial Joaquín Hernández —alias «el Grillo» o «el Viejo Anarquista»—, un delincuente común convertido por obra y gracia de los servicios de inteligencia en un veterano y represaliado militante anarquista.
Con este atentado y la represión posterior contra el conjunto del movimiento libertario, el Gobierno neofranquista de UCD y el entonces ministro del Interior Martín Villa perseguían erosionar la imagen pública de la CNT —y de todo el movimiento libertario—, que por aquel entonces, con sus 100.000 afiliados sólo en Cataluña, constituía una seria amenaza para los pactos, consensos y tejemanejes de los que la izquierda institucional y la cúpula política y empresarial franquista fueron protagonistas durante la llamada Transición.
caso-scala-cnt-manifestacionEl Caso Scala marcó el fin del crecimiento espectacular de la CNT y del movimiento libertario, y el inicio de su decadencia acelerada.

El acto será a las 17:30 horas, en la Casa de la cultura, C/ Carretillas, 27 Pilar de la Horadada
Desde el equipo de redacción de este blog queremos animaros a que acudáis a esta charla por su enorme interés, es necesario que se conozca este episodio de guerra sucia del estado, y aclarar los hilos que queden sin atar, por su importancia hace treinta años pero que sigue de actualidad, con montajes policiales para perseguir a la disidencia. Nos vemos en El Pilar.


jueves, 14 de junio de 2012

Manifestación en Murcia 18 de Junio

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Lunes 18 de junio a las 19’00 h. desde la plaza Sto. Domingo. No es un rescate, es un secuestro. Que no nos vendan la moto! El dinero del rescate lo aporta el Fondo de Rescate Europeo (FEEF) que se lo presta al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo público dependiente del Estado español y éste a su vez se lo presta a los bancos. Si algún banco incumple el pago del préstamo el responsable sería el FROB, es decir, el Estado, o lo que es lo mismo, toda la población.
Los 100.000 millones de euros del préstamo más los intereses se contabilizan como deuda pública. Europa exige a España garantías suficientes de que puede devolver el préstamo, lo que implica tener el déficit a raya. Esto llevado a la práctica significa más recortes en el gasto público y subida de impuestos indirectos, ya que el gobierno descarta gravar a los ricos y la amnistía fiscal es una prueba de ello.
Entramos en la dinámica de préstamo+intereses, la misma que tiene al continente africano sometido durante siglos. Los países están endeudados, siendo esclavos de unos intereses tan altos que todo lo que ingresan va a parar a la devolución de dichos intereses. Para poder hacer frente a estos pagos, se privatiza y vende toda la riqueza nacional, explotando a sus habitantes hasta límites inhumanos. Estas políticas económicas.

¿Qué podríamos hacer?

Dejar caer a los bancos y a sus accionistas, garantizando los depósitos de los ciudadanos corrientes.
Nacionalizar los bancos para crear un sistema bancario de titularidad y gestión pública: Actualmente, cada vez que el estado nacionaliza algo, sanea sus pérdidas con dinero público y, cuando ese algo empieza a dar beneficios, lo privatiza. Es necesario invertir las políticas, es urgente la transformación del stok de viviendas en poder de los bancos en una red de viviendas públicas, con alquileres sociales que no superen el 30% de los ingresos. De la misma forma la hipotecas deberán devaluarse al valor actual de las viviendas.
Referéndum popular. Un rescate europeo que nos esclaviza durante generaciones, prolongar la edad de jubilación, rescatar a Bankia con nuestro dinero, abaratar el despido, recortar en sanidad, recortar en educación, subir los transportes públicos… Todo esto afecta vitalmente nuestro a bienestar, por lo que debería someterse a referéndum. Actualmente disponemos de la figura del referéndum popular: ¿por qué no se usa? ¿Por qué no la reclamamos?
Denunciar a los responsables financieros y políticos de la crisis. Llevarlos ante los tribunales a todos los miembros de los consejos de administración de las diferentes cajas y bancos, así como al gobernador del Banco de España. Embargarles el patrimonio, el sueldo y la jubilación (lo tengan en Cáceres o en las Islas Caimán).
Mientras no se devuelva el dinero robado resulta indigno hablar de recortes, reformas o rescates. Basta de amnistías fiscales y penales para los culpables de la crisis. Ante la dictadura del capital animamos a toda la población a participar activamente en las movilizaciones y asambleas de su ámbito laboral, vecinal, etc... . Es necesario recuperar la dignidad, la lucha de los mineros es un claro ejemplo a seguir.
Si no cambiamos las cosas nosotros, no las cambiará nadie. La precariedad y la exclusión ya forman parte de nuestra cotidianeidad.  ¡Tomemos las riendas de nuestras vidas! Contra la estafa del rescate europeo, Manifestación lunes 18 de junio a las 19:00 horas, pz, Sto. domingo etc, etc.....

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lunes, 11 de junio de 2012

Esto no es un rescate

  • En España no hay rescate, como no se han subido los impuestos o no se ha abaratado el despido

  TEODORO LEÓN GROSS

Se esperaba al Gobierno peleando duramente contra el rescate; pero lo que se ha visto es al Gobierno peleando duramente contra la palabra rescate. Cuestión de prioridades.
Y una vez oficializado que el rescate no es un rescate, el presidente pudo irse al fútbol.
Robado en:redwarriorszaragoza
Orwell ya ilustró en '1984' la importancia para el poder de su 'neolengua'. En particular el 'vocabulario B': palabras para controlar y dirigir el pensamiento de los ciudadanos. Por eso este rescate no es un rescate sino 'un apoyo en condiciones muy favorables'. Un hallazgo típicamente orwelliano.

El presidente incluso ha logrado hablar del rescate sin pronunciar una sola vez la palabra rescate. Eso es un presidente. Sustituyó rescate por «lo de ayer». Hay que tener personalidad para convertir este asunto técnicamente complejo, políticamente delicado, en «lo de ayer». De hecho Rajoy solo pareció apesadumbrado al confesar que se perdería la final de Roland Garros.
En el exterior, sin embargo, se resisten a admitir el éxito de Rajoy, y aún dicen que el rescate sí es un rescate. Históricamente de los mayores, según el primer ministro sueco. 'Tú llámale tomate y yo rescate' ironizaban en 'Time' ridiculizando todo esto. Claro que los medios internacionales se empeñan en ceñirse a la realidad. No acaban de entender que en España no hay rescate, como no se han subido los impuestos o no se ha abaratado el despido. La neolengua es lo que tiene.
komikelx
Este rescate es una decisión lógica que evita males mayores después de semanas erráticas, con una imagen internacional de caos perdiendo la confianza de los mercados, mientras salían de España noventa y tantos mil millones, y apenas con capacidad para colocar deuda a diez años, que es cuando Europa ha puesto pie en pared. 'Der Spiegel' ya publicó que ahí acababa el margen para el rescate; pero para el Gobierno español no porque eso conllevaba un serio problema: la palabra rescate. En definitiva supone equipararse a Irlanda, institucionalizarse en el club de los PIGS, donde ya están Portugal, Irlanda y Grecia, completando la S. Cuando Rajoy sentenció «no entro en un debate nominativo» significaba «esto es un debate nominativo». Se trata de imponer que el rescate no es un rescate. El efecto es simple: en lugar de una sociedad tomando conciencia y debatiendo sobre la situación, tener a la sociedad debatiendo sobre la palabra.
El Gobierno ha perdido la batalla de la economía, pero su batalla es el lenguaje. Claro que esto es como aquel cuadro surrealista de René Magritte de una pipa con el rótulo 'Esto no es una pipa'. A un rescate no es fácil colocarle el rótulo de 'esto no es un rescate'. A no ser que se trate de un mensaje surrealista, claro.

Leído en: diariosur.es

sábado, 9 de junio de 2012

Colombia: Primera en asesinatos de sindicalistas en el mundo


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escrito por Neirlay Andrade   
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  • Los dirigentes sindicales colombianos siguen siendo víctimas del Estado y el paramilitarismo, mientras la impunidad crece en Colombia

 Extraído de :  Resumen Latinoamericano/AVN - Más de la tercer aparte de sindicalistas asesinados en el mundo durante 2011 eran colombianos, reveló un informe presentado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en Bruselas.
 
Con 29 casos ejecuciones, el país neogranadino lidera la lista de "crímenes cometidos con la más absoluta impunidad" contra los dirigentes, seguido de Guatemala con un registro de 10 casos, reseñó AFP.
 
El "grupo más vulnerable de trabajadores lo constituyan los cerca de 100 millones de trabajadores y trabajadoras del hogar que hay en el mundo entero, muchas veces mujeres jóvenes y migrantes que apenas conocen sus derechos y no disponen de ningún medio para defenderlos, sufriendo unas condiciones opresivas, e incluso violentas", detalló la secretaria general de la CSI, la australiana Sharan Burrow.
 
En marzo de este año, una investigación del Programa de Naciones para el Desarrollo (Pnud) reportó que entre 1984 y 2011 se registraron más de 2.800 homicidios de dirigentes sindicales y trabajadores afiliados a sindicatos en Colombia.
 
El estudio titulado Reconocer el pasado, construir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011" también se reportaron 216 desapariciones forzadas, 83 torturas y 163 secuestros.
 
La violencia contra sindicalistas está focalizada en los gremios de maestros, trabajadores bananeros y petroleros. Los departamentos de mayor impacto son Valle de Cauca, Cesar, Arauca, Atlántico y Córdoba.
 
La impunidad arropa a 78% de los casos. De los 223 casos procesados, sólo en 25% se conoce al autor material y en 7,8% al intelectual.
 
Los grupos paramilitares, brazos armados de la derecha colombiana, son los principales responsables de los crímenes con 14% de las ejecuciones. De acuerdo al estudio, la guerrilla es autora de 5,1% y las fuerzas de seguridad del Estado de 1,7%.
 
"La delincuencia común tiene un porcentaje bajísimo, casi insignificante, lo que contrasta con la tesis de que los sindicalistas han sido asesinados para robarlos", subrayó el coordinador del proyecto, Carlos Miguel Ortiz.
 
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Botero: Masacre en Colombia
Más de la mitad de los homicidios (56%) tiene como móvil el antisindicalismo y de ellos, "40,5% el móvil del crimen fue la calificación de la víctima por parte del victimario como subversivo por el solo hecho de ejercer la actividad sindical", aclara el informe.
 
Ortiz explicó que el Pnud ha designado a este fenómeno "prejuicio insurgente" o "estereotipo del sindicalista-guerrillero"; figuras que han sido agudizadas entre "la gente del común" por las reiteradas acusaciones provenientes del gobierno Nacional.
 
El pasado 30 de abril, un día antes del Día Internacional del Trabajador, el dirigente Efraín Amézquita, del Sistema de Transporte Masivo de Cali fue ejecutado. Se convirtió en la víctima sindical número 61 de la administración de Juan Manuel Santos, denunció la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
 
Siete días antes, el grupo narcoparamilitar Águilas Negras envió una amenaza a los líderes del Sindicato de las Empresas Municipales de Cali, específicamente al presidente y al vicepresidente de la organización obrera, Jorge Iván Vélez y Albert Quintero. En un paquete que contenía flores, municiones para fusil y un panfleto, se invitaba a los dirigentes a su propio funeral.

viernes, 8 de junio de 2012

Nuevas denuncias de represión sindical en otra empresa participada por Aqualia

Cuatro meses de juicios por 10,66 euros





Una factura de compra de material por importe de 10,66 euros ha desembocado en el despido «improcedente» de dos trabajadores de la empresa mixta de Aguas de Langreo. Así lo afirmó ayer la abogada de los operarios, María Jesús Alonso Manzano, quien sospecha que pueden existir otros motivos de fond. En este sentido, la defensora de Sergio Menéndez González y Marcelino Fernández Pérez explica que hay que tener en cuenta consideraciones como que uno de los empleados era miembro activo de la sección sindical mayoritaria y ejercía de enlace entre la mesa negociadora del convenio colectivo y los trabajadores. Y añade que, curiosamente, una vez despedidos, se firmó el acuerdo laboral, que llevaba dos años enquistado.
Recuerda que el propio ordenamiento jurídico prevé el despido disciplinario en caso de cometer los hechos imputados (sustraer material de la empresa), pero no son ciertos. Si no, añade, la empresa no reconocería la improcedencia del despido, indemnizando a cada operario con 10.000 euros.
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El pasado 9 de noviembre se celebró en el Juzgado de lo Social de Mieres la vista por el despido nulo de ambos trabajadores al entender que se «han vulnerado sus derechos fundamentales». A expensas de lo que dictamine el juez, la abogada estima que hay motivos suficientes para que el Tribunal Supremo, conozca y evalúe en casación la conducta de Aguas de Langreo al actuar vulnerando los derechos de los operarios. Los hechos ocurrieron el día 30 de junio de este año, cuando Aguas de Langreo les acusó de facturar a la entidad materiales que eran para su uso particular. Sin embargo, según la letrada, los dos trabajadores han acreditado que abonaron esos materiales con la pertinente factura, que asciende a 10, 66 euros y con la firma del responsable de la empresa donde se hizo la compra, que era para Aguas de Langreo. La empresa continuó con el procedimiento legal, y el pasado 8 de julio, los empleados recibieron la denuncia. El procedimiento penal fue sobreseído, y el 19 de agosto, Aguas de Langreo les despidió asumiendo la improcedencia y depositando 20.000 euros de las arcas públicas en el Juzgado de Mieres.
Después de varios recursos por ambas partes, los trabajadores interpusieron ayer dos denuncias contra la empresa por imputarles un delito que no cometieron.
Asimismo, María Jesús Alonso está valorando la posibilidad de interponer una querella contra todo el consejo de administración de la entidad por utilizar indebidamente el dinero público: No podemos olvidar que el 51% de la sociedad corresponde al Ayuntamiento de Langreo y el 49% restante, a Aqualia, por lo que, a su entender, la compañía está utilizando una partida económica para cubrir los costes de los juicios. 
Fuente de la noticia: elcomercio.es