La justicia europea condena a España por no depurar bien sus aguas residuales

España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Justicia a pagar una sanción de 12 millones de euros por no cumplir con la normativa de aguas residuales en 17 zonas de más de 15.000 habitantes.  También establece una multa de 11 millones cada seis meses que se prolongue el incumplimiento en las nueve aglomeraciones urbanas que todavía siguen sin sistemas adecuados de depuración, es decir, unos 60.000 euros diarios. La directiva europea que regula el tratamiento del aguas data de 1991 y entró en vigor en 1998.

La sentencia ha rebajado bastante las pretensiones sancionadoras de la Comisión Europea que pidió un fijo de 50 millones y otros 170.000 euros diarios mientras se mantenga la situación. El caso, o más bien los múltiples casos, por los que España ha recibido esta sentencia vienen de lejos y se refieren a la pobre depuración que se hace de las aguas residuales que llegan desde los núcleos urbanos a otras masas de agua como cursos de captación para el consumo humano,  lagos de agua dulce naturales, estuarios y aguas costeras.

La aglomeraciones que todavía incumplen la ley son Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas, Tarifa (Andalucía), Gijón Este (Asturias) y Valle de Güimar (Islas Canarias). Las otras denunciadas eran Coín, Estepona-San Pedro de  Alcántara, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo, en Galicia, en la Comunidad Valenciana: Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira y en Canarias: Noreste (Valle Guerra).

Las exigencias sobre tratamientos tenían que estar en funcionamiento en a finales del año 2000. Muchas áreas incumplieron la obligación lo que hizo que, a la postre, España recibiera una primera condena (sin sanción económica) en 2011 por 43 aglomeraciones.

Depuradora de aguas residuales de Tenerife.

Entonces, el tribunal dio de plazo para ajustarse hasta el 13 de julio de 2013. Los plazos y los incumplimientos han seguido prolongándose de manera que en abril de 2017, la Comisión Europea remitió el caso de 17 zonas a los jueces comunitarios que han establecido que no se cumplió la sentencia a tiempo en esas 17 áreas y que a pesar del esfuerzo de España para ponerse al día, nueve aún están fuera de la ley.  En total, 27 años desde que la Unión Europea estableciera las nuevas reglas para depurar el agua. Los jueces han añadido en su fallo que el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante.

Niticia e imagen tomadas de www.eldiario.es

El Ayuntamiento de Tarifa rehén de Aqualia en la gestión del ciclo urbano del agua

El Ayuntamiento aprueba con engaños renovar el contrato con AQUALIA por 10 años, antes de que haya caducado la actual concesión, sin transparencia ni explicación a los ciudadanos.

La renovación del contrato que pretende el Ayuntamiento era el 2º punto del Orden del día de un Pleno extraordinario convocado para el 22 de junio a las 20,30 h. de la tarde. Cuando los ciudadanos acudieron a la cita se encontraron las puertas cerradas. El Pleno se había celebrado a las 8,30 h. de la mañana (confusión, despiste… engaño). Ante las protestas ciudadanas el Pleno se repitió con carácter extraordinario y de urgencia el día 2 de julio a la misma hora, a las 8,30 de la mañana, para dificultar la participación ciudadana. El Pleno resultó un paripé, pues ya en el de la confusión, los grupos políticos se habían pronunciado y explicado su voto. En el Pleno repetido no se dignaron a dar explicación alguna ni a contestar al público que intervino antes de la votación. Para ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, el Ayuntamiento pretendió realizar la renovación del contrato con AQUALIA con ocultaciones y engaños.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, junto con la MAREA AZUL de Cádiz y la FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA, consideramos que, no sólo existe el Derecho Humano al Agua  reconocido por la ONU, sino que además tenemos derecho a una gestión pública, transparente y participativa de este Bien, y que nunca puede ser objeto de negocios especulativos. Por tanto, consideramos lamentable la decisión del Ayuntamiento de Tarifa. Si alguien gana dinero con un Bien Público, alguien lo pierde: en este caso los usuarios y ciudadanos.

El Ayuntamiento tenía un contrato con la empresa PROSEIN (desconocemos en qué momento esta empresa la absorbió AQUALIA) desde 1992, por 30 años, para la gestión del ciclo urbano del agua. Por tanto, el contrato no está caducado ni va a caducar hasta 2022; ¿a qué viene la urgencia del Pleno para aprobar su renovación?. No tiene sentido, ni hay explicación.

En tiempos recientes el Ayuntamiento ha puesto en marcha la nueva EBAR (estación de bombeo de aguas residuales) y colectores de Bolonia, EBAR y Colectores de Tarifa, EDAR (estación depuradora de aguas residuales) de Bolonia y EDAR de Tarifa. Esto ha supuesto más  recaudación y también más gastos al Ayuntamiento. Entre entradas y gastos AQUALIA ha fijado saldo a su favor sobre 1.300.000 euros.

No se conoce a qué se debe esta supuesta deuda municipal con AQUALIA, se ha ocultado y no se ha explicado nada; no se sabe si se trata de costes no contemplados en contrato por el aumento de los servicios, si se trata de una deuda acumulada por impago del Ayuntamiento, o si se trata de inversiones realizadas por AQUALIA. Pero se suponía que todas las inversiones en obras públicas destinadas al ciclo del agua urbana de Tarifa venían siendo sufragadas, pagadas por los ciudadanos mediante el canon municipal de mejoras implantado desde 2008.

Ante la sobrevenida deuda, el Ayuntamiento calcula que no lo puede repercutir al ciudadano y, entonces, AQUALIA le propone que le prorrogue el contrato por 10 años más y que le cobrará la deuda en 2020 y en 2024 (quizás ya ni esté este alcalde… y quizás dejar la deuda a corporaciones futuras sea el verdadero motivo de esta oscura maniobra). El Ayuntamiento se asesora por una empresa privada independiente sobre la conveniencia de la operación financiera; la conclusión es que la operación es conveniente para Tarifa y el Alcalde convoca Pleno para prorrogar el contrato de AQUALIA. El Pleno lo aprueba sólo con el voto favorable de PSOE, la abstención del PP, y los votos en contra de IU. El concejal del PA no pudo votar por ser empleado de AQUALIA. Sobre un total de 17 concejales, han decidido los 6 del PSOE. Por seis votos el pueblo de Tarifa ve hipotecado y privatizado el servicio de agua hasta 2032.

Y de todo este cambalache no se comunica nada a los ciudadanos, ni se tiene la valentía de dar información.

La conclusión es que AQUALIA ha presionado al Ayuntamiento, que, visto lo impopular que sería subir la factura del agua, accede a renovar el contrato con la empresa a cambio de posponer la deuda al 2020 y 2024, años en los que no se sabe quién será el alcalde de Tarifa.

ecologistasenaccion.org

La depuradora de Aledo probará un proyecto sostenible para el riego agrícola

El proyecto Remeb experimenta en la estación depuradora de aguas residuales de Aledo un sistema de tratamiento de aguas avanzado y respetuoso con el medio ambiente, con el objetivo de recuperar agua para riego agrícola.

Se trata de un proyecto internacional que cuenta con 11 socios de siete países y está financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. El objetivo es desarrollar y validar un sistema de tratamiento de aguas, que consiste en un biorreactor de membranas cerámicas low cost, para su implantación en depuradoras, tanto municipales como industriales. 

Este sistema presenta numerosas ventajas frente al de membranas poliméricas, debido a que se han fabricado con residuos de las industrias de cerámica y del mármol y de la producción de aceite de oliva, y serán capaces de filtrar agua residual para su reutilización en los ámbitos urbano e industrial. Este proyecto se encuentra actualmente en su fase de validación.  

Para informar sobre los resultados del proyecto Remeb se celebró recientemente en Aledo una jornada informativa titulada Tecnologías sostenibles para el tratamiento y la reutilización de aguas residuales, organizada por la entidad regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (Esamur), el consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, y las empresas Facsa e Itc-Uji.

La jornada contó con la intervención de los responsables técnicos del proyecto, así como miembros de la Universidad Jaime I de Castellón, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-Csic), y de Esamur, entre otros. Asimismo, en ella se expuso como caso práctico la utilización de agua regenerada proveniente de la depuradora de Jumilla por parte de la Comunidad de Regantes de Miraflores.

Fuente: murciaeconomia.com

Moguer, Huelva: La Justicia da la razón al ayuntamiento, rebaja la deuda con Aqualia casi un 90%

De casi 3 millones de euros a 300 mil

Uno de los intentos fallidos de Aqualia de subir el recibo del agua Un 33%

El caso de Moguer, del que ya hemos hablado con anterioridad en este blog, es un claro ejemplo de la pasta de que están hechos estos mafiosos del agua, que son capitalistas sólo cuando les interesa. El contrato que firmaron con el Ayuntamiento en 2009, entonces del PP, contenía una cláusula en la que el ayuntamiento se comprometía a pagar con dinero público una compensación a la empresa Aqualia si ésta recaudaba menos dinero de lo previsto. 

Pero ¡qué fácil es regalar el dinero de los demás! y ¡qué cara más dura la de Aqualia! Osea, que no contentos con lucrarse con un bien de todos como el servicio de aguas municipal, quieren asegurarse un beneficio mínimo por contrato. Y entonces, ¿dónde está el riesgo y ventura?. Posiblemente les metieron este gol porque el Ayuntamiento buscó un asesor para revisar el contrato, que además de ser concejal pepero trabajaba para Aqualia.

El caso es que durante estos nueve años han venido reclamando al ayuntamiento subidas en el recibo del agua en torno al 30%, a lo que (por suerte) se negaron. Ante la negativa, Aqualia denunció, reclamando no sólo la subida, sino también la cantidad que habían dejado de recibir por no hacerla antes. Los jueces han venido a confirmar lo que todos entendemos: que tienen mucha cara, que esa cláusula es excesiva y que sólo pueden exigir la subida que marca el IPC de cada año. Así que como decimos por aquí, en Moguer pueden llorar por un ojo, sigue su agua en manos de Aqualia pero se acaban de ahorrar 2,5 millones que pueden emplear en cosas mucho más necesarias para el pueblo que para los chorizos de Aqualia.

Relacionado con esto:

El alcalde de Moguer (Huelva) vuelve a enfrentarse a Aqualia por querer subir el agua un 36,7%

Un concejal del PP trabajó para Aqualia y alcaldes que privatizaron

Informan al Consejo de Administración de Apemsa de los incumplimientos de Aqualia

Por primera vez se ha permitido que miembros de Ecologistas en Acción acudan al Consejo de Administración de Apemsa para presentar el informe anual que realiza sobre el funcionamiento de la EDAR Las Galeras.

Juan Clavero y Carmen Calzado han expuesto ante el Consejo el informe remitido recientemente al alcalde sobre el funcionamiento de la EDAR y la falta de tramitación de las numerosas denuncias presentadas. Mediante una presentación digital han explicado la evolución de los datos analíticos de los vertidos de la EDAR realizados por la Consejería de Medio Ambiente (CMA), con la superación generalizada de todos los parámetros. Han proyectado cuadros de informes de la CMA en los que constan que Las Galeras todos los años es No Conforme, es decir, no cumple la normativa, y han relacionado los varios expedientes que tiene Apemsa por incumplimiento de las normas de depuración de aguas residuales. Y lo que es más importante, han explicado como Aqualia incumplen el contrato de la concesión para la gestión de la EDAR, sin que se le haya incoado nunca expediente alguno ni aplicado las penalizaciones previstas, que pueden ascender, desde que se hicieron cargo de la EDAR, a millones de euros. Por todo ello los representantes ecologistas han reiterado al alcalde la obligación que tiene de actuar ante las denuncias presentadas y de incoar los oportunos expedientes sancionadores. Caso contrario, Ecologistas en Acción ya había advertido que pondría esta inacción y los hechos denunciados en conocimiento de la Fiscalía.

Sorprendentemente, ni el director gerente de Apemsa Manuel Ferraz Sumillera, nombrado por Aqualia, ni el resto de consejeros de esta empresa privada han sido capaces de rebatir ni uno sólo de los datos y hechos denunciados en el informe de Ecologistas en Acción. Y más sorprendente ha sido que otro consejero de Aqualia adujera que los problemas del mal funcionamiento de la EDAR es debido a problemas estructurales de la planta, sin que ello haya sido óbice para llevar 25 años gestionándola, presionando lo indecible para conseguir prórrogas aunque fueran ilegales, y cobrando tres millones de euros al año por un servicio realizado deficientemente.

Los representantes de Aqualia en el Consejo de Administración de Apemsa han demostrado no tener respuesta ni argumentos ante las denuncias de Ecologistas en Acción, lo que refuerza aún más la imperiosa necesidad de que el Ayuntamiento actúe contra quienes incumple las normas de depuración y el contrato para la gestión de la EDAR.

El consejo de Administración acordó pedir a Aguas de Las Galeras-Aqualia que aporte una respuesta por escrito a la denuncia de Ecologistas en Acción, y los representantes del ayuntamiento aseguraron que actuarían en la parte que le corresponde.

Fuente: ecologistas en acción

Facsa y Aguas de Castelló, las empresas que más dineron pagaban a la Gürtel

A cambio, se le concedían contratos públicos millonarios

Las nueve empresas condenadas en la Audiencia Nacional por financiar ilegalmente al PPCV en 2007 y 2008 recibieron solas o en unión temporal de empresas [(UTE) a menudo asociadas entre ellas] un total de 937.983.774 millones en contratos de la Generalitat, entre 2005 y 2009.

Sedesa, presidida por Vicente Cotino Escriva(sobrino del expresidente de las Corts) se lleva la palma con 640.983.774 euros.

Las cuentas hechas por Levante-EMV, a partir de datos de los diarios oficiales, amplian la cifra en 203.098.826 euros, si la cuenta se retrotrae a 1999.

Enrique Ortiz e hijos, con 205.098.826 euros, Lubasa (77.337.451) y Facsa (13.876.087) completan la relación de contratistas vip de obra civil del Consell.

Enrique Gimeno, presidented de Facsa, tras declarar por su participación en la trama criminal. Foto: José Jordan para El País

La sentencia de la Audiencia Nacional que los condenó por delito electoral y falsedad documental, tras admitir los hechos a la Fiscalía Anticorrupción a cambio de una rebaja de la pena, los denomina grupo de empresarios que pagaban facturas mendaces por supuestos servicios de Orange Market a estos empresarios para ocultar que las campañas electorales eran pagadas, si no en todo, sí en gran parte, por el grupo de empresarios, violentando e infringiendo cuantitativa y cualitativamente la legislación electoral, señala el fallo.

La sentencia también ratifica cuánto abonó cada empresario al PP. Las más generosas fueron Facsa y Aguas de Castelló que pagaron 349.714 euros (sin IVA) para las campañas electorales de 2007 y 2008. El segundo en volumen de colaboración fue el constructor imputado en el Caso Brugal, Enrique Ortiz, quien desembolsó 300.100 euros camuflados en seis facturas a Orange Market.

La mercantil Pavimentos del Sureste SA pagó 172.000 euros (sin IVA) en cuatro facturas a Orange Market por servicios que realmente no habían sucedido, por lo que tres de sus responsables Jose Enrique Fresquet Martínez y los hermanos Tomás y Rafael Martínez Bernia (éste último expresidente de la patronal alicantina) han acabado condenados.

Sedesa, la empresa de la familia del ex presidente de las Corts, Juan Cotino, también contribuyó con otros 129.900 euros a los comicios de 2008, por lo que el sobrino del expolítico, Vicente Cotino (ya condenado a año y medio por delito fiscal), también ha sido condenado.

Finalizan la lista de pagadores Lubasa, que contribuyó con 95.000 euros a la campaña de 2007 o PIAF SL que aportó 26.993 euros en 2007 y 2008. Unos pagos que colocaban a estos empresarios en situación privilegiada, no sólo para mantenerse como contratistas de la administración regional, sino para colocarse en situación especialmente ventajosa, por no decir monopolítisca en contratos futuros.

Noticia original: levante-emv.com

En este choriceo repugnante, ellos se forran a nuestra costa. Facsa regala al PP 350.000 euros para su  campaña electoral, y a cambio reciben 14.000 millones de euros en contratos amañados, esos miles de millones salen de nuestro bolsillo. Luego no hay dinero para lo necesario...