La crisis económica de España ha creado un clima propicio para tomar atajos. El mercado del agua y sus concesiones no se libra del contagio.
El mercado municipal de las concesiones del agua no ha sido inmune a la ola de escándalos que barren España en los últimos meses y que involucran presuntos pagos de fondos para sobornos a políticos -incluyendo varios ministros del gobierno- a cambio de un trato preferencial en la adjudicación de contratos públicos.
El pasado mes de febrero, José Luis Míguez como director de Aquagest-Agbar concesionaria del agua en Santiago de Compostela, en el noroeste de España de Galicia, fue encarcelado en prisión preventiva por la magistrada Pilar de Lara, que investiga supuestos pagos y regalos a los funcionarios municipales para asegurar la renovación del contrato de Aquagest. Entre los acusados figura también el ex- alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa.
Una fuente de Agbar confirmó a GWI que Míguez ha sido despedido, y desde Agbar se insiste en que estaba actuando por su nombre y cuenta en lugar de llevar a cabo la política de la empresa. Sin embargo, en el marco de las mism as investigaciones, la juez De Lara abrió diligencias sobre la presunta participación de Joaquín Fernández, un alto cargo político del Partido Popular (PP) en la vecina región de Asturias, en la adjudicación de contratos a Aquagest en los municipios de Cangas de Narcea y Llanes.
En el otro extremo de la península, el mayor competidor de Agbar en el mercado de las concesiones municipales, Aqualia, es el foco de la controversia relativa a una serie de contratos que ha ganado recientemente en la provincia de Huelva, Andalucía.
El diario El País dice que tiene pruebas documentales de cómo el concejal del PP José Carlos Hernández fue contratado tanto por Aqualia como por los municipios que posteriormente adjudicaron contratos de servicios a la filial de FCC. De acuerdo con un informe jurídico redactado por la Universidad de Huelva, por el profesor de derecho Javier Barnes, en dos de estos municipios - Valverde del Camino y San Juan del Puerto - Aqualia se adjudicó concesiones sin la formalidad de una licitación abierta. El secretario del Partido Socialista en Huelva, Jesús Ferrara, ha pedido al PP que explique si Hernández estaba actuando para enriquecerse o para ganar dinero para el partido, y para aclarar su relación con la empresa [Aqualia], que fue galardonada con el contratos.
Mientras tanto, en Catalunya, la Plataforma Cívica Aigua és Vida presentó un informe a la oficina de la Fiscalía Anticorrupción, en febrero, para instar a la apertura de una investigación formal sobre la decisión tomada el año pasado por la autoridad metropolitana de Barcelona (AMB) para otorgar por 35 años la concesión del ciclo integral del agua a Agbar, por una cuantía estimada de 330 millones de euros, y sin licitación competitiva. La plataforma sostiene que en la operación, y que el Gobierno regional está tratando de bloquear, hay implicaciones de mala conducta de funcionarios públicos, y se basan en una fraudulenta reclamación por Agbar sobre la titularidad de la concesión.
Más abajo, en la costa mediterránea de Valencia, una decisión judicial del mes de enero suspendió el concurso ganado por AVSA para la gestión del servicio de agua en ciudad de Gandía, y que habría requerido que el ganador debía pagar al operador existente, Aguas de Valencia (AVSA) la suma de 86 millones de euros. El tribunal estuvo de acuerdo con el demandante, Agbar, que la oferta había sido expresamente elaborado para asegurar la adjudicación del contrato a AVSA, principal competidor regional de Agbar.
Mientras tanto, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y otros representantes municipales del gobernante Partido Popular, fueron este mes acusados en los juzgados por aceptar regalos y pagos durante varios años por su gestión en nombre de EMARSA, la empresa municipal de aguas residuales que ya no existe.
La crisis económica de España ha creado claramente un clima propicio para el abaratamiento de costos, con los poderes públicos cada vez más dispuestos a utilizar sus activos de servicios de agua para recaudar efectivo. Desde el colapso de la burbuja inmobiliaria los municipios ya no pueden vender terrenos, por lo que en su lugar andan ahora vendiendo servicios, y en un proceso de creación de una burbuja del agua, según Luis Babiano, director de la Asoción de Empresas Operadoras Públicas de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
Al mismo tiempo, la crisis está reduciendo los márgenes de las empresas del sector privado, que tienen que luchar más para captar nuevos negocios y mantener los contratos existentes. La competencia es por lo tanto intensa, pero también muy limitada por los dos operadores dominantes, Agbar y Aqualia, que controlan alrededor del 80% del mercado privado del agua en España.
En la actualidad existe un consenso cada vez mayor en el sector que señala cómo el modelo español para la adjudicación de las concesiones de agua municipal alienta implícitamente a una mala práctica y debe ser reformado. El canon [un pago único realizado por el concesionario] incita a la mala conducta. La ley explícitamente debería impedir que las autoridades públicas usen el dinero recibido por las concesiones para cualquier otro fin que no sea mejorar la infraestructura de agua, dijo Babiano a GWI.
Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS), está de acuerdo. El canon debe ser abolido porque no tiene nada que ver con el agua, y distorsionar el mercado, dijo a GWI. Gistau también cree que España necesita un regulador independiente de agua. Un sistema más regulado y transparente contribuiría a evitar casos como el que estamos viendo ahora, dijo, en referencia a las denuncias de prácticas corruptas. Una cosa está clara, cada nueva acusación de corrupción refuerza la impresión de que la gestión del servicio de agua es una industria con necesidad de una limpieza.
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