foto: elpais.com |
Según la diputada, este dato cuestiona toda la gestión de los responsables de la Conselleria de Medioambiente a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR), no solo en la tristemente famosa depuradora de Pinedo, sino en todo el departamento.
En concreto, la factura emitida por Zonday Investments SL, sociedad de la que Roca era administrador único, cobró en 2005 un total de 46.168 euros a Aqualia Gestión Integral del Agua SA en concepto de redacción de documentos técnicos.
Sin embargo, junto a esta misma factura, el informe elaborado por la Agencia Tributaria de Cataluña e incorporado al sumario del caso determina que ninguna de sus sociedades tenía medios humanos ni materiales ni financieros para desplegar las supuestas actividades que se atribuyen.
De hecho, no podía trabajar ni para Emarsa ni para ninguna otra empresa, ya que el mismo juez considera que las empresas de Roca fueron colocadas de forma interpuesta entre la que realmente realizaba la gestión de lodos con la finalidad de incrementar artificiosamente el valor de sus trabajos.
'La punta del iceberg'
En su opinión, Fabra y el PP no quieren que la comisión de investigación se ponga en marcha y seguramente tienen muchas cosas que ocultar.A su juicio, esta factura da una nueva clave de por qué el PP no tiene ningún interés en que se ponga en marcha la investigación. Emarsa es la punta del iceberg de lo que realmente ha podido pasar en los fondos de la Conselleria de Medioambiente, en la Epsar. Es como los trajes del 'caso Gürtel', la punta del iceberg en un gran caso de corrupción, solo que aquí los trajes valen más de 40 millones de euros de Emarsa desaparecidos.
Para Martínez, la gestión de las 446 depuradoras que gestiona la Generalitat está bajo sospecha porque los mismos dirigentes de la Epsar, que han aportado sin seguir el procedimiento reglamentario dinero a Emarsa en la época del saqueo, han gestionado en los últimos 10 años casi 4.000 millones de euros de dinero público y casi la mitad han sido aportados en el recibo del agua por los ciudadanos del área metropolitana en la tasa de saneamiento.
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Así, ha criticado que en todo este tiempo nadie en el PP ha mostrado el más mínimo interés en aclarar por qué se autorizaron pagos de 120 millones de la EPSAR a Emarsa, según ha dicho, en base a dos convenios ilegales, que no eran validos porque nunca fueron aprobados por la entidad metropolitana y los técnicos no asistían a las reuniones en las que se decidían las obras y los importes y volúmenes económicos a realizar.
Texto resumido de una noticia de: elmundo.es
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